La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Perú no supervisa ni fiscaliza la selección de medios de comunicación que realizan los partidos políticos al contratar espacios para la difusión de su propaganda electoral. Así lo explicó Karina Rivera, subgerente de supervisión de fondos partidarios de la ONPE, al detallar el alcance legal y operativo de la institución en el proceso de financiamiento público indirecto a través de la denominada franja electoral.
Según la funcionaria, la legislación vigente establece que los partidos cuentan con absoluta libertad para elegir los medios en los que difunden sus mensajes de campaña, sin que la ONPE intervenga ni imponga criterios sobre rating, alcance o características específicas de los medios seleccionados. Rivera subrayó que la función de la ONPE se limita a facilitar una plataforma digital donde los medios presentan su oferta de espacios y las organizaciones políticas realizan su selección conforme a sus estrategias y preferencias.
De acuerdo con lo informado por Canal N, Rivera puntualizó que tras la elección de los medios por parte de los partidos, la ONPE se encarga de efectuar los pagos directos a los proveedores de espacios publicitarios, pero carece de competencias legales para auditar o cuestionar la decisión de los partidos sobre a qué medio adjudicar sus recursos. Este esquema, sostuvo, responde al mandato de la Ley de Organizaciones Políticas, que prioriza la libertad de elección como mecanismo para asegurar igualdad formal entre las agrupaciones.
ONPE no tiene facultades para fiscalizar la elección de medios por los partidos
Rivera explicó que la ONPE cumple un rol de intermediación técnica. La Ley de Organizaciones Políticas obliga al organismo a crear y administrar una plataforma digital que conecta a medios de comunicación con las organizaciones políticas. En esta plataforma, los medios inscriben sus propuestas y catálogos de espacios, para que luego los partidos elijan en función de sus propios criterios y la adjudicación presupuestal asignada.
Rivera recalcó que la ONPE no tiene facultades legales para fiscalizar ni condicionar la selección de medios que realizan los partidos. “La ONPE no tiene facultades ni competencias para poder fiscalizar la selección que realice la organización política, depende de un determinado medio de comunicación”, declaró la funcionaria. Añadió que no existe ningún tipo de restricción de ley que obligue a los partidos a distribuir sus anuncios de manera equitativa o a privilegiar medios por su alcance o sintonía.
Este marco legal, reiteró Rivera, busca garantizar la libertad de elección y la igualdad de condiciones entre las agrupaciones políticas, de modo que cada partido decide a qué público dirigir sus mensajes y en qué soporte hacerlo, sin intervención del organismo electoral.
ONPE realiza pagos directos sin evaluar la selección de medios
El proceso administrativo para la contratación de espacios publicitarios prevé que, una vez que las organizaciones políticas han seleccionado los medios, la ONPE realiza los pagos directos a los proveedores. Rivera precisó que la trazabilidad de los fondos está asegurada por la comprobación de facturas y documentos contables, pero la fiscalización no alcanza a la decisión de a qué medio se dirige el gasto.
La subgerente de la ONPE distinguió entre este mecanismo de la franja electoral y el financiamiento público directo, que sí exige a los partidos rendir cuentas detalladas sobre ingresos y egresos ante la ONPE. En el caso del financiamiento indirecto para propaganda, la rendición de cuentas se limita a la comprobación formal del destino de los fondos, sin valoración sobre la idoneidad del medio elegido.
Rivera argumentó que la propia Ley de Organizaciones Políticas establece la ausencia de restricciones en la selección de medios, bajo el fundamento de promover la libertad de elección y evitar limitaciones que puedan afectar la igualdad formal entre los partidos. “La ley lo dice de manera específica y dice también el sustento, por qué no fija ningún tipo de restricción, porque eso es con la finalidad de establecer igualdades entre las organizaciones políticas para que puedan dejarles la libertad de poder elegir al medio de comunicación de su preferencia”, sostuvo Rivera.
ONPE aclara el procedimiento y los límites de su intervención en la franja electoral
En un comunicado difundido el 6 de febrero de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales reiteró que la franja electoral constituye una modalidad de financiamiento público indirecto vigente desde 2021, cuyo objetivo es facilitar que los partidos políticos difundan sus propuestas en igualdad de condiciones. La ONPE detalló que la selección de medios y espacios de difusión corresponde exclusivamente a las organizaciones políticas, mientras que el organismo se encarga de suscribir los contratos y ejecutar los pagos según la decisión informada por cada partido.
El comunicado aclara que la inclusión de medios digitales y tradicionales en la franja electoral obedece a modificaciones legales recientes, y que los recursos asignados se distribuyen de forma equitativa o proporcional según el tipo de medio y los resultados electorales previos. Para las elecciones generales de 2026, la ONPE distribuyó fondos a 38 partidos políticos, quienes eligieron los medios a través de la plataforma digital CLARIDAD.
La ONPE enfatizó que sus acciones se enmarcan exclusivamente en la regulación y gestión de la franja electoral, conforme a la normativa vigente, y que la responsabilidad sobre la selección de medios y la producción de spots recae íntegramente en las organizaciones políticas participantes.
Partidos asignan recursos millonarios a un solo medio y surgen reclamos de transparencia
La regulación de la franja electoral y la ausencia de fiscalización sobre la selección de medios han suscitado controversia luego de que se conociera que varios partidos políticos destinaron una proporción significativa de los recursos públicos asignados para la campaña a un mismo medio de comunicación.
Informes periodísticos revelaron que al menos seis agrupaciones contrataron pauta electoral en un canal de señal abierta vinculado al excandidato a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana por el partido Primero la Gente, Miguel del Castillo, concentrando montos millonarios provenientes del financiamiento estatal.
Esta situación generó cuestionamientos sobre la transparencia y los criterios de contratación empleados por los partidos, así como exigencias internas de explicaciones y sanciones administrativas. El debate ha puesto en el centro de la discusión la necesidad de revisar el marco legal vigente y las competencias de la ONPE en materia de supervisión del gasto público en propaganda electoral, en vísperas de las Elecciones Generales 2026.
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