El programa Pensión 65 continúa ampliando su cobertura en el Perú. Cada dos meses, más de 7.000 adultos mayores en situación de vulnerabilidad se incorporan al padrón, elevando el número total de beneficiarios a más de 820 mil personas a nivel nacional. La cifra refleja el alcance actual de uno de los principales programas sociales dirigidos a la población adulta mayor sin ingresos estables.
La actualización periódica del padrón responde a un proceso de evaluación constante que busca incluir a personas que cumplen con los criterios del programa y, al mismo tiempo, depurar registros. La dinámica se da en un país donde una parte importante de la población mayor envejece sin pensión, tras una vida laboral marcada por la informalidad y la ausencia de aportes previsionales.
El ingreso de nuevos beneficiarios quedó reflejado durante una reciente jornada de pagos en el Banco de la Nación, donde decenas de adultos mayores cobraron por primera vez la subvención económica. Para muchos, el acceso a este ingreso representa un cambio concreto en su día a día, al permitirles cubrir gastos básicos o sostener actividades productivas que hasta ahora dependían de apoyos familiares o eventuales.
Nuevos beneficiarios y el primer cobro
Entre quienes recibieron el pago por primera vez estuvo Esther Yactayo, de 71 años, quien utiliza el dinero para fortalecer un emprendimiento de elaboración de jabones artesanales con insumos naturales. Junto a ella también cobraron Segundo Rojas Reyes, de 81 años; Estela Dávila Caro, de 66; e Iraida Santos Navarro, de 95. Edades distintas y trayectorias diferentes, pero una necesidad común: contar con un ingreso regular.
Durante la jornada, los nuevos usuarios recibieron además su tarjeta de débito del Banco de la Nación, que les permite realizar el cobro en agentes corresponsales ubicados en bodegas y comercios de barrio, así como en cajeros automáticos de la red Multired. El mecanismo reduce desplazamientos largos y facilita el acceso al dinero en zonas donde la presencia bancaria sigue siendo limitada.
Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social explican que estas facilidades buscan mejorar la experiencia de cobro y dar mayor autonomía a los adultos mayores, muchos de los cuales enfrentan problemas de movilidad o viven lejos de agencias bancarias.
Más que una transferencia económica
El crecimiento del programa no solo se mide en número de beneficiarios. Una parte importante de los usuarios utiliza la subvención como un respaldo para sostener pequeños negocios, actividades comerciales o emprendimientos familiares. Desde ventas de alimentos hasta trabajos artesanales, el ingreso funciona como un capital básico que permite seguir activos y generar ingresos adicionales.
La ministra Lesly Shica señaló que el programa apunta a superar un enfoque puramente asistencial. Según explicó, la transferencia económica busca convertirse en una herramienta que refuerce la autonomía de las personas mayores y su rol dentro de la comunidad, especialmente en contextos donde el acceso al empleo formal resulta prácticamente inexistente.
El modelo peruano y el interés internacional
La experiencia peruana con Pensión 65 también ha comenzado a generar interés fuera del país. Durante la reciente participación del Perú en la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York, el enfoque de promoción de emprendimientos a lo largo del ciclo de vida fue observado por delegaciones de otros países.
De acuerdo con lo señalado por la ministra, representantes internacionales expresaron su disposición a conocer de cerca estas experiencias, en particular aquellas orientadas a fortalecer la autonomía económica de poblaciones vulnerables, incluida la población adulta mayor.
A nivel local, el impacto del programa se refleja en economías barriales y redes familiares que encuentran en la transferencia un soporte constante, aunque limitado, frente al aumento del costo de vida.
El crecimiento sostenido del padrón confirma que la necesidad de apoyo económico en la vejez sigue en aumento. Mientras más de 7.000 personas ingresan al programa cada dos meses, el desafío sigue siendo el mismo: cómo garantizar ingresos mínimos a una población que envejece en un mercado laboral marcado por la informalidad.
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