
A pocos días de asumir el cargo, el presidente José Jerí justificó sus reacciones en redes sociales a fotografías de mujeres con poca ropa y a sus cuestionados tuits con contenido sexual, al señalar que es un admirador de las féminas. “Evidentemente me gustan, está demostrado”, respondió entonces.
Con ese antecedente, la reciente revelación de que cinco mujeres se reunieron con él en el Despacho Presidencial y posteriormente obtuvieron puestos de trabajo con elevados salarios desató una nueva ola de cuestionamientos contra el mandatario.
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Las implicadas son Fiorella Melgarejo, Alicia Camargo, Cristina Beraún, Violeta Beas Otero y Guadalupe Vela Ramírez. Ante estos hechos, la Contraloría General de la República inició una investigación por presuntas irregularidades en las contrataciones, a la que también se sumó el Ministerio Público.

En paralelo, la moción para convocar a un pleno extraordinario sumó dos firmas adicionales y solo resta que 20 parlamentarios la respalden para que puedan debatirse las mociones de vacancia y censura en su contra.
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Si bien Palacio de Gobierno emitió inicialmente un comunicado en el que rechazaba las irregularidades en las contrataciones e incluso advertía a los medios sobre posibles acciones legales, minutos después ese mensaje fue eliminado y reemplazado por otro corregido, que omitía la amenaza a la prensa.

Lo cierto es que, tras la difusión de ese reportaje, el mandatario —quien hasta entonces respondía de forma constante en redes sociales y participaba activamente en eventos públicos— guardó silencio.
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Sin embargo, este no es un hecho aislado. En los últimos cinco años, diversas presuntas contrataciones irregulares han puesto en jaque a autoridades políticas y han detonado crisis institucionales, como ocurrió con el caso Andrea Vidal, vinculado a una supuesta red de prostitución en el Congreso, y con los audios de Yaziré Pinedo y Alberto Otárola, ex presidente del Consejo de Ministros.
Caso Andrea Vidal y presunta red de prostitución
A fines de 2024, el violento fallecimiento de Andrea Vidal, ex trabajadora parlamentaria, provocó una fuerte crisis en el Congreso de la República y reavivó la hipótesis de que al interior de la institución operaba una red de prostitución e intercambio de favores sexuales a cambio de votos.
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El partido más golpeado por este escándalo fue Alianza para el Progreso, ya que en ese entonces el presidente de la Mesa Directiva era Eduardo Salhuana.

Según las denuncias, Andrea Vidal, quien laboraba en la oficina legal del Congreso, habría sido una de las supuestas “captadoras”. Ella y varias de sus amigas habrían accedido a puestos como asesoras, pese a no contar con la experiencia necesaria. Además, durante la gestión de Jorge Torres Saravia, entonces jefe del área, estas trabajadoras habrían gozado de privilegios, como inasistencias frecuentes.
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Uno de los casos más comentados fue el de Isabel Cajo, quien percibía un salario superior a 7 mil soles sin contar siquiera con el grado de bachiller. El escándalo de la presunta red de prostitución llegó incluso a la prensa internacional.

La Comisión de Fiscalización del Congreso investigó estas denuncias. Si bien no se logró probar la existencia de una red de prostitución, sí se confirmó una práctica conocida: los partidos que asumían el control de la Mesa Directiva copaban las oficinas parlamentarias con personas que no siempre cumplían con el perfil adecuado.
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La caótica salida de Otárola de la PCM
En este recuento también figura Alberto Otárola, ex abogado y premier del gobierno de Dina Boluarte, quien ocupó el cargo durante uno de los momentos más críticos del Ejecutivo, marcado por las muertes en las protestas sociales.
Aunque al inicio del mandato se hablaba de un adelanto de elecciones, Otárola logró consensos con diversas fuerzas políticas, dejando atrás la consigna del “nos vamos todos”.
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El entonces presidente del Consejo de Ministros se consolidó como una figura clave del Ejecutivo y todo indicaba que permanecería en el cargo hasta julio de 2026, hasta que salieron a la luz audios en los que se dirigía de manera afectuosa a Yaziré Pinedo.
Más allá del vínculo sentimental, lo que generó mayor escándalo fue que Otárola le ofreció empleo en cargos públicos en al menos tres oportunidades. Posteriormente, se comprobó que Pinedo obtuvo órdenes de servicio por 18 mil soles (90 días de trabajo) y 35 mil soles (150 días de trabajo) en el Ministerio de Defensa (Mindef).
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