Una propietaria de La Molina acusa a su inquilina de intentar apropiarse de su vivienda, acumular una millonaria deuda en alquiler y utilizar el inmueble para la venta ilegal de animales. El conflicto, que se extiende desde hace varios años, involucra procesos judiciales, denuncias vecinales y reclamos por daños en la propiedad.
La afectada relató a ATV Noticias que el alquiler de su vivienda comenzó en 2012 tras seleccionar a una familia proveniente del norte del país. Luego de varios años de convivencia aparentemente normal, la situación cambió cuando, debido a problemas de salud, la propietaria dejó de visitar la casa con regularidad. Fue entonces cuando recibió denuncias municipales por malos olores provenientes del predio.
Según la propietaria, al acudir al inmueble constató la presencia de más de diez animales, entre perros y gatos, y observó modificaciones en la estructura de la vivienda.
“Han levantado un metro más del muro perimetral y han construido ambientes rústicos, afectando la seguridad y el diseño original de la casa”, afirmó. Agregó que los arrendatarios utilizaron el inmueble para la venta de animales domésticos, práctica prohibida por la normativa local.
Reclamos vecinales
El conflicto ha generado molestias en la comunidad, donde los vecinos también han presentado quejas ante la municipalidad de La Molina. Las denuncias incluyen malos olores, exceso de mascotas y altercados con el personal de seguridad de la urbanización. De acuerdo con el testimonio de la propietaria, el vigilante principal habría sido agredido por una de las inquilinas durante una discusión.
La normativa vigente en el distrito establece que en un predio de 369 metros cuadrados solo pueden residir dos perros, pero, según la denunciante, los ocupantes del inmueble mantenían más de diez animales con fines comerciales.
La propietaria hizo un llamado a la municipalidad para que intervenga el predio, argumentando que las condiciones actuales afectan la convivencia y la seguridad del vecindario. “El municipio debe clausurar la casa, se han vulnerado las normas y los derechos de los vecinos”, expresó.
En proceso judicial
La disputa alcanzó instancias judiciales luego de que la propietaria denunciara una millonaria deuda de alquiler, que superaría los 150 mil soles. La arrendataria ha presentado recursos legales para evitar el desalojo.
De acuerdo con la propietaria, las inquilinas “exigen el pago de 15 mil dólares para abandonar la vivienda, alegando supuestas mejoras que en realidad dañaron la estructura y el jardín”.
El caso se complicó cuando, durante un proceso administrativo municipal por tenencia de mascotas, se detectó que la firma del esposo de la propietaria había sido falsificada. Peritajes oficiales confirmaron la irregularidad, lo que llevó a una condena de un año y ocho meses de prisión suspendida y al pago de 1.500 soles de reparación civil a favor de la municipalidad, según información del citado medio.
Actualmente, el expediente judicial ha pasado a una segunda sala y la audiencia de desalojo se ha programado para el 5 de marzo de 2026. A pesar de que se intentaron comunicar con las personas denunciadas, no se logró. Las inquilinas han presentado apelaciones constantes y no han asistido a varias audiencias, lo que prolonga el proceso judicial.
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