El Poder Judicial de La Libertad dictó nueve meses de prisión preventiva para una joven acusada de exigir 10 mil soles a su propio padre bajo amenazas de muerte, en un caso que expone la creciente incidencia de la extorsión y la violencia familiar en el país.
La medida, tomada por el magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia Piloto de Virú, responde a la gravedad de los hechos imputados a Mayra Urcia Meléndez, quien enfrenta cargos por el presunto delito de extorsión agravada, según informó la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
De acuerdo con el reporte judicial, la investigación sostiene que Urcia Meléndez, hija del denunciante, exigió 10 mil soles a su progenitor para no atentar contra su vida ni su integridad física.
Para dificultar el rastreo de su implicancia, la joven habría solicitado que el dinero fuese transferido a la cuenta bancaria de una amiga. La decisión del juez se enmarca en una coyuntura nacional en la que la extorsión y el sicariato alcanzaron niveles históricos durante el año pasado 2025.
Violencia en aumento
El país registró 25.196 casos de extorsión hasta el 27 de diciembre de 2025, cifra que representa un incremento del 20% respecto al año anterior.
Las denuncias oficiales superaron las 27.000, mientras que los homicidios llegaron a 2.451 casos, lo que aproxima el promedio a siete asesinatos diarios. Esta escalada de criminalidad condicionó las políticas de seguridad de los gobiernos de Dina Boluarte y su sucesor, José Jerí.
La situación en Lima Metropolitana resultó especialmente alarmante: 10.562 denuncias de extorsión colocaron a la capital como la zona más afectada. El sicariato mostró una presencia sostenida, con 364 víctimas bajo esta modalidad en el primer trimestre del año, la mayoría con antecedentes penales.
Impacto en el transporte
El sector de transporte público fue uno de los más golpeados por estas prácticas delictivas. Según reportes oficiales, al menos 69 conductores y 5 cobradores murieron durante sus labores, siendo la extorsión el principal móvil. El 80% de las empresas de transporte reconoció el pago de cupos mensuales, que pueden alcanzar los 30.000 soles a organizaciones criminales.
La respuesta gubernamental incluyó la implementación del plan “Perú Seguro” por parte de Dina Boluarte. La entonces presidenta destacó en su mensaje de Fiestas Patrias: “La seguridad ciudadana será prioridad con operativos intensificados en todo el país”. Entre enero y junio, se realizaron más de 570.000 intervenciones policiales, con la proyección de superar el millón para fin de año. El gobierno también desplegó el plan “Celador” para reforzar la vigilancia en Lima y Callao, e incorporó 21.000 nuevos agentes para reducir el déficit de efectivos.
La administración de Boluarte promovió el Plan Estratégico de Modernización del Equipamiento Policial 2025–2030, con una inversión superior a 9.200 millones de soles para dotar de armas, vehículos y tecnología a la fuerza policial. Además, endureció los controles migratorios, exigiendo contratos de trabajo y alquiler a ciudadanos extranjeros, bajo advertencia de expulsión en caso de incumplimiento.
No obstante, las estadísticas de homicidios aumentaron un 20% en los primeros cinco meses del año, lo que derivó en la vacancia presidencial aprobada por el Congreso por “incapacidad permanente”. El 86% de la población consideró insuficiente la estrategia estatal para enfrentar el crimen organizado y la violencia.
Nuevo enfoque con José Jerí
La llegada de José Jerí a la presidencia trajo cambios inmediatos en las políticas de seguridad. El mandatario interino declaró el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, lo que permitió la intervención de las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional.
Jerí explicó: “Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, al presentar la nueva estrategia, que incluyó la derogación del antiguo plan nacional de seguridad ciudadana y el anuncio de un esquema renovado inspirado en experiencias internacionales.
En su primera aparición fuera del Palacio de Gobierno, Jerí lideró un operativo en una cárcel para requisar objetos prohibidos, exhibiendo a los internos apilados y con la cabeza baja, una imagen que evocó intervenciones carcelarias en El Salvador y Ecuador. Estas acciones se repitieron en los días siguientes, mientras el presidente conformaba su gabinete, encabezado por el abogado Ernesto Álvarez.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales y los cambios de estrategia, las denuncias por extorsión y asesinatos continuaron, especialmente contra conductores de autobuses.
Mientras tanto, la prisión preventiva dictada contra Mayra Urcia Meléndez en Virú se suma a la larga lista de casos que reflejan la gravedad del problema en el ámbito familiar y social, en un país donde la violencia y el crimen organizado desafían día a día la capacidad de respuesta del Estado.
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