La reciente resolución de la Tercera Sala Penal Superior Nacional, que declaró infundada la excepción de prescripción en el caso de la Masacre de Cayara, ha establecido un límite temporal que marca el destino de uno de los procesos más emblemáticos del conflicto armado interno.
Al fijar que el presunto delito de homicidio calificado prescribirá en enero de 2032, el tribunal ha abierto una ventana de seis años que podría convertirse en el último refugio de los procesados, algunos, incluso, que se mantienen en la clandestinidad. Esta decisión judicial, aunque permite la continuidad de la causa, activa una cuenta regresiva que pone a prueba la capacidad operativa del Ejecutivo para hacer rendir cuentas ante la ley.
Para Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el riesgo actual es que la justicia se agote por el simple paso de los años. Según advierte la letrada, el sistema no requiere de maniobras legales para favorecer a los implicados si la búsqueda activa es inexistente. “Basta que el Ejecutivo, a través de sus órganos como la PNP, no busque a los prófugos para que en el 2032 sean libres de responsabilidad”, señala a Infobae Perú. Esto con relación a procesados que eluden a la autoridad como el exgeneral Valdivia Dueñas, quien se mantiene como reo contumaz y prófugo de la justicia.
La carrera contra el reloj
El fallo del Poder Judicial se ampara en la interpretación del Tribunal Constitucional para establecer que el conteo de la prescripción recién se activó en 2002, tras el archivo en el fuero militar y leyes de amnistía. Esto otorga un plazo extraordinario de 30 años.
Cano apunta que, más allá de la vigencia del proceso, el problema radica en que el Estado mantiene “una protección para que los responsables no respondan por sus crímenes y no tengan la obligación de responder por el paradero de los desaparecidos”.
Esta preocupación es compartida por otros componentes de la defensa legal de las víctimas, quienes señalan que la Sala optó por un “cálculo” de plazos en lugar de abordar el tema de fondo. Desde esta perspectiva, lo ideal hubiera sido que el tribunal señalara que las graves violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles, advirtiendo que la sentencia del TC va en contra de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, la historia judicial peruana demuestra que casos patrón como Accomarca, Cabitos, Huanta y Cayara son procesos de largo aliento que suelen tomar décadas en resolverse.
La deuda del Estado
Actualmente, y como recuerda la abogada, el caso se divide en dos frentes que enfrentan desafíos temporales distintos. Mientras un expediente con 16 sentenciados espera la resolución de nulidades en la Corte Suprema, un segundo juicio oral avanza contra quienes estuvieron prófugos, incluyendo a un oficial extraditado de Estados Unidos y un soldado de la patrulla de San Pedro de Hualla.
Cabe recordar que la Masacre de Cayara se dio tras una emboscada de Sendero Luminoso en mayo de 1988. Las Fuerzas Armadas ejecutaron el operativo “Persecución”, asesinando a más de treinta comuneros. Testigos como David Ccayo Ipurre han narrado en el juicio oral cómo las patrullas rodearon a los pobladores en plena actividad agrícola, separando a hombres de mujeres para someterlos a torturas con pencas de tuna antes de ejecutarlos.
Madres e hijos, víctimas de familiares, lograron interponer una denuncia fiscal pese a amenazas del cuerpo militar. Según el informe de Minoría citado por la CVR, los efectivos militares recibieron la orden de desenterrar a las víctimas para trasladarlas a las alturas de San Pedro de Hualla, donde incineraron los cuerpos.
Esta acción deliberada ha hecho que, décadas después, la identificación sea casi imposible. De hecho, debido a la degradación de los restos óseos sometidos al fuego, hasta la fecha solo se ha podido identificar por ADN a una sola víctima, Solano Ccayo Noa. El Estado no solo debe una sentencia, sino el paradero de cuerpos y así, no dejar en impunidad uno de los episodios más dolorosos de la historia de Ayacucho.
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