Demuelen los restos del puente que “no se cayó, se desplomó” tras casi una década y preparan áreas de recreación en San Juan de Lurigancho

La demolición de los restos del puente Los Libertadores en San Juan de Lurigancho marca el final de casi nueve años de abandono e inseguridad en la ribera del río Rímac. Este domingo comenzaron los trabajos para retirar los escombros de la estructura que, en 2017, durante la emergencia provocada por el Fenómeno El Niño Costero, sufrió un colapso que aisló a miles de vecinos y convirtió la zona en un foco de peligrosidad.

Aquel episodio quedó grabado en la memoria colectiva no solo por el impacto del desastre, sino por la recordada declaración oficial que buscó matizar la gravedad de los hechos: “No se cayó, se desplomó”, frase que generó críticas y simbolizó la respuesta institucional ante la crisis. La intervención, liderada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Vivienda, representa el primer paso para transformar un espacio degradado en un área de uso público y recreativo.

Durante casi una década, los vestigios del puente permanecieron en el Malecón Checa. La falta de acción estatal permitió que el lugar se transformara en tierra de nadie, donde proliferaron la acumulación de basura y el consumo de drogas.

Según César Calderón, subgerente de Defensa Civil de Lima, la demolición y limpieza se completarán en un plazo de cuatro a cinco días, gracias a una operación conjunta que involucra a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) y la Policía Nacional.

El gerente municipal de Lima, Alejandro Jiménez Morales, destacó: “Durante ocho años, ninguna autoridad se encargó de recoger los escombros del puente; ese lugar se convirtió en un foco de delincuencia que hoy estamos erradicando”.

El despliegue técnico contempla la utilización de ocho maquinarias pesadas y la participación de 25 operadores e ingenieros, quienes trabajan sin descanso para eliminar cualquier rastro de la estructura fallida. Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, explicó que estas acciones buscan devolver la seguridad a los vecinos y garantizar la integridad física de quienes transitan por la zona. Una vez culminada la demolición, otras dependencias municipales intervendrán para gestionar la construcción de nuevos espacios públicos que beneficiarán a la comunidad.

Espacio público vuelve a la comunidad después de nueve años de olvido

El retiro de los escombros permitirá recuperar más de mil metros cuadrados en la margen derecha del río Rímac, transformando un punto crítico de inseguridad en un área de encuentro y recreación. De acuerdo con César Calderón, el proyecto contempla la construcción de losas deportivas y una cancha de uso comunitario, facilitando el acceso gratuito a instalaciones para el esparcimiento de los vecinos.

“Estamos haciendo lo que son losas, una cancha, poner en valor. Usted puede apreciar mil metros acá. Hay una losa también para un centro de esparcimiento para todos los vecinos que puedan utilizarlo de manera gratuita”, señaló Calderón a América Noticias.

La intervención no solo eliminará los residuos de concreto y acero que representaban un riesgo para la población, sino que también permitirá articular esfuerzos entre las autoridades locales y nacionales para la habilitación de espacios seguros. Alejandro Jiménez Morales subrayó la importancia de este trabajo conjunto: “Estamos haciendo un trabajo articulado muy importante. El objetivo es erradicar la delincuencia y devolverle la tranquilidad al vecino”. La recuperación del terreno será acompañada por la presencia de personal de seguridad ciudadana y la Policía Nacional, garantizando que la zona permanezca accesible y protegida para todos.

“No se cayó, se desplomó”: el colapso del puente en el Niño Costero de 2017

El origen de la crisis se remonta a marzo de 2017, cuando el Fenómeno El Niño Costero provocó el aumento del caudal del río Rímac y puso al límite la infraestructura vial de Lima. El puente Los Libertadores, junto con el puente Solidaridad, sufrió daños graves tras la erosión de sus bases, situación que llevó al cierre inmediato de ambos pasos entre San Juan de Lurigancho y El Agustino.

El 16 de marzo de 2017, el puente Solidaridad colapsó parcialmente, y poco después, el puente Libertadores fue declarado en riesgo inminente de colapso. Aunque se realizaron trabajos de emergencia para reabrirlo de manera provisional, la estructura nunca recuperó su funcionalidad total.

La gestión de la emergencia estuvo marcada por la falta de coordinación y la insuficiencia de estudios técnicos previos. La Contraloría General de la República inició una investigación que reveló deficiencias en el diseño, la ejecución y la supervisión de los proyectos, así como irregularidades en los procesos de contratación. Los informes señalaron que los puentes carecían de estudios adecuados sobre el comportamiento del río y de medidas efectivas de protección ante la socavación, lo que derivó en un perjuicio económico para el Estado y en la recomendación de acciones legales contra los funcionarios responsables.