FOVIPOL bajo la lupa: millones pagados por casas inhabitables para policías en Piura

Lo que debía ser una solución de vivienda para cientos de policías se ha convertido en un caso que pone en cuestión el uso de fondos públicos y la gestión interna del Fondo de Vivienda Policial (FOVIPOL). En Piura, decenas de casas financiadas con dinero de la familia policial permanecen inhabitables, pese a haber sido valorizadas en más de S/216 mil cada una. Aun así, se autorizaron pagos millonarios a la empresa constructora, mientras el gerente general de la entidad, el coronel Edgar Paredes Montenegro, accedía a un préstamo personal de más de medio millón de soles y continúa en el cargo pese a tener una orden de cambio.

Las viviendas de la urbanización Las Palmeras de San Pablo, ubicada a unos 25 kilómetros de la ciudad de Piura, fueron financiadas por FOVIPOL para beneficio de policías y sus familias. Sin embargo, un reportaje del programa Cuarto Poder reveló que muchas de estas casas se encuentran vacías, deterioradas y con serias deficiencias constructivas, a pesar de haber sido entregadas hace varios años.

Puertas dañadas, revestimientos desprendidos, instalaciones incompletas y ambientes cubiertos de polvo evidencian el abandono. Según vecinos de la zona, de las 56 viviendas de la primera etapa, solo seis estarían habitadas. Cada inmueble tiene un valor aproximado de S/216 mil, monto que será descontado durante décadas de los sueldos de los policías beneficiarios.

Un contrato millonario

El proyecto se remonta a 2019, cuando FOVIPOL firmó un contrato con la empresa Inmobiliaria KINSA para la construcción de 456 viviendas en Las Palmeras de San Pablo y 224 en la urbanización Oasis de Colán, por un monto total de S/100 millones 347 mil 200. Los recursos serían administrados mediante un fideicomiso con Corfide.

En 2022, cuando la empresa intentó entregar 114 viviendas, se detectó una grave omisión técnica: las casas no contaban con juntas sísmicas, un elemento indispensable en una zona de alta sismicidad como la costa norte del país. Esta deficiencia llevó a que anteriores autoridades de FOVIPOL rechazaran la recepción de las viviendas y se negaran a seguir desembolsando fondos.

Pese a ello, la constructora exigió pagos a través de procesos arbitrales. Aunque se ordenó un adelanto condicionado a la corrección de las observaciones, estas nunca fueron subsanadas. Finalmente, FOVIPOL resolvió y anuló el contrato con KINSA.

La conciliación que reabrió un contrato anulado

Todo cambió con la llegada del coronel PNP Edgar Paredes Montenegro a la gerencia general de FOVIPOL. Según la investigación de Cuarto Poder, Paredes firmó una conciliación con KINSA que reactivó un contrato ya resuelto y autorizó nuevos desembolsos millonarios.

El acuerdo permitió el pago de S/25 millones a la empresa constructora, pese a que las viviendas seguían siendo cuestionadas por su falta de seguridad y condiciones de habitabilidad. En el documento, incluso, se reconoce que la conciliación no se realizó en beneficio de los intereses de la familia policial, sino para satisfacer los propósitos de la empresa.

Consultado por el programa dominical, Paredes sostuvo que las decisiones adoptadas estaban “estructuradas técnica y legalmente”, aunque evitó brindar mayores detalles al señalar que el caso se encuentra judicializado.

Cuestionamientos al gerente de FOVIPOL

Las decisiones adoptadas por Paredes Montenegro se suman a otros cuestionamientos. Cuando asumió el cargo, arrastraba investigaciones y procesos judiciales previos, entre ellos un caso por presunta corrupción en Junín, donde fue condenado en primera instancia y luego absuelto en segunda.

Además, en febrero de 2025, Cuarto Poder reveló que designó como corredora de seguros de FOVIPOL a una empresa vinculada al primo de la expresidenta Dina Boluarte. A ello se suma que, pese a una orden de cambio firmada por el comandante general de la Policía Nacional —en la que incluso se le asignaba una nueva plaza—, Paredes se mantiene hasta hoy como gerente general de la institución.

Un préstamo personal

Otro punto crítico es el préstamo personal que Paredes Montenegro solicitó y obtuvo de FOVIPOL para la compra de un departamento en San Isidro. De acuerdo con documentos a los que accedió Cuarto Poder, el desembolso superó los S/533 mil.

El propio coronel defendió su solicitud al señalar que se trata de un derecho al que también pueden acceder los policías. Sin embargo, el hecho de haber gestionado el préstamo siendo gerente general de la entidad que administra los fondos ha generado cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses.

Ni FOVIPOL ni la empresa KINSA han ofrecido explicaciones claras sobre el estado real de las viviendas ni sobre el monto total que la constructora ha recibido hasta la fecha. En un comunicado citado por Cuarto Poder, la inmobiliaria aseguró haber construido 478 de las 680 viviendas comprometidas y haberlas entregado formalmente, sin precisar cuántas están actualmente habitadas.

Para especialistas en arbitraje, el caso revela una grave omisión en la defensa de los intereses de los aportantes. Mientras tanto, las casas continúan vacías y deterioradas, y los policías siguen pagando por viviendas que no pueden habitar, en un escenario marcado por la falta de transparencia y control sobre un fondo millonario destinado a su bienestar.