Federación kichwa denuncia conflicto de intereses en juicio por asesinato del apu Quinto Inuma

En medio del juicio oral por el asesinato del apu Quinto Inuma Alvarado, la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía exigió al Gobierno Regional de San Martín el cese inmediato de un alto funcionario regional que, según denuncian, ejerce la defensa legal de uno de los acusados por el crimen. El pronunciamiento advierte un conflicto de intereses que, aseguran, vulnera la memoria del líder indígena y el derecho a una justicia imparcial.

A través de un pronunciamiento público, la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía —junto a los deudos del apu Quinto Inuma— denunció que el abogado Erick Harold Arévalo Santaya, actual Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de San Martín, viene ejerciendo de manera simultánea la defensa técnica de Limber Ríos Ruiz, uno de los acusados por el asesinato del líder kichwa.

Arévalo Santaya fue designado en el cargo mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 014-2025-GRSM/GR. Para la federación indígena, este doble rol resulta “inaceptable” y constituye un agravio a la memoria del apu Quinto Inuma, asesinado por su labor en defensa del territorio amazónico.

Denuncian conflicto de intereses y falta de ética pública

El pronunciamiento señala que el funcionario regional participó el 28 de noviembre de 2025 en la Segunda Mesa Regional de San Martín para Personas Defensoras de Derechos Humanos, un espacio impulsado por el propio Estado para la protección de líderes sociales y ambientales.

Según la federación, resulta contradictorio que un director regional que participa en instancias de protección a defensores de derechos humanos sea, al mismo tiempo, abogado defensor de uno de los presuntos responsables del asesinato de un defensor indígena.

Presunto uso indebido de recursos públicos

Otro de los puntos centrales de la denuncia es el presunto uso indebido de recursos públicos. La federación advierte que Arévalo Santaya habría participado en audiencias judiciales y realizado gestiones de defensa privada durante horarios correspondientes a su jornada laboral como funcionario público, incumpliendo el deber de exclusividad con el Estado.

Además, expresan su preocupación por el acceso a información sensible que tendría el funcionario en su calidad de cargo de confianza, incluyendo diagnósticos de riesgo sobre defensores ambientales.

La federación indígena teme que esta información estratégica pueda ser utilizada para favorecer la defensa de los imputados en el proceso penal por el asesinato del apu Quinto Inuma.

Las exigencias

Ante esta situación, la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía exigió al Gobierno Regional de San Martín adoptar medidas inmediatas. Entre sus principales demandas figuran:

• El cese inmediato del funcionario o la adopción de medidas administrativas frente a la incompatibilidad funcional denunciada.
• Garantías de que el proceso judicial no será contaminado por conflictos de intereses ni influencias políticas.
• El respeto a la memoria del apu Quinto Inuma y a la lucha de los pueblos indígenas por una justicia limpia y sin impunidad.

“El Estado peruano y el Gobierno Regional deben garantizar que sus funcionarios actúen con probidad y respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas”, señala el pronunciamiento.

El juicio ya está en marcha

El pronunciamiento se produce mientras ya se desarrolla el juicio oral por el asesinato de Quinto Inuma Alvarado, líder kichwa y defensor del territorio amazónico.

El proceso judicial inició el 20 de enero de 2026 y se encuentra en curso al 22 de enero, con audiencias programadas ante el Poder Judicial. Participan 22 testigos y 13 peritos, y entre las pruebas figuran las múltiples denuncias ambientales que el propio Quinto Inuma presentó en vida ante el Ministerio Público.

Este caso es considerado emblemático por evidenciar la desprotección estructural que enfrentan los defensores indígenas en el país.

Un líder amenazado

Quinto Inuma fue apu de la comunidad nativa kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, en la región San Martín. Durante años denunció la tala ilegal, el narcotráfico y la invasión de tierras en su territorio comunal.

Había presentado al menos 25 denuncias ante el Ministerio Público y contaba con medidas de protección otorgadas por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, estas no impidieron que fuera asesinado el 29 de noviembre de 2023, con cinco impactos de bala, cuando regresaba a su comunidad tras participar en el Encuentro Nacional de Defensores Ambientales en Pucallpa.

En noviembre de 2024, el Instituto de Defensa Legal (IDL) señaló que el móvil del crimen estuvo directamente relacionado con su labor de defensa ambiental y su constante denuncia de la deforestación en la Amazonía.

Acusados y situación judicial

Actualmente, Limber Ríos Ruiz, Génix Saboya Saboya, Jerrly Saboya Saboya y Segundo Villalobos Guevara cumplen 18 meses de prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio oral.

Un quinto implicado, Belustiano Saboya Pisco, falleció en julio de 2025 durante una intervención de la Policía Nacional del Perú en Orellana, Loreto, cuando intentaba evadir una orden de captura por homicidio calificado y sicariato.

Se trata del primer caso en el Perú en el que todos los acusados por el asesinato de un defensor indígena fueron detenidos y el proceso ha avanzado hasta la etapa de juzgamiento.