Fiscalía pide 35 años de prisión para ex altos mandos PNP por homicidio en protesta contra Dina Boluarte

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo solicitó 35 años de prisión efectiva contra dos ex altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por la muerte de un joven durante las protestas de febrero de 2023 en Apurímac. El pedido fiscal alcanza al comandante general PNP en retiro Raúl Alfaro y al teniente general PNP en retiro Jorge Angulo, acusados por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía en agravio de Denilson Huaraca, de 22 años.

Según la acusación del Ministerio Público, el joven falleció el 9 de febrero de 2023 tras recibir impactos de bala durante un operativo policial desplegado en el marco de las movilizaciones sociales que se desarrollaban en la región. La investigación, a cargo de la fiscal provincial Elizabeth Quispe Palma, sostiene que los disparos fueron realizados contra civiles que se desplazaban en vehículos luego de participar en una marcha pacífica, un hecho que también dejó cuatro personas heridas y que hoy involucra a 17 efectivos policiales, entre ex jefes y personal operativo de la PNP.

Fiscalía pide 35 años de prisión para ex altos mandos de la PNP

De acuerdo con la acusación fiscal, la solicitud de 35 años de cárcel no se limita a Alfaro y Angulo. La misma pena fue requerida para Luis Flores, quien se desempeñaba como jefe de la región policial Apurímac, así como para Víctor Sifuentes y Rodolfo Porfirio, jefes de la División de Orden Público y Seguridad de Abancay. En la lista de imputados también figuran nueve efectivos policiales: José Calatayud, Rolando Taracaya, David Chapa, Joel Cabrera, William Pomasunco, Daniel Pocco, Max Cuéllar, Wilfredo Oscco y Nobel Inca.

La Fiscalía sostiene que los acusados habrían tenido participación directa o responsabilidad funcional en los hechos ocurridos durante las manifestaciones del 9 de febrero de 2023, cuando se registraron disparos con armas de fuego contra civiles. El requerimiento penal fue presentado por la fiscal provincial Elizabeth Quispe Palma, quien encabeza la investigación desde el subsistema especializado en derechos humanos, debido a la gravedad de los hechos y al número de víctimas involucradas.

Además, el Ministerio Público solicitó 33 años y seis meses de prisión para Jhemmy Jáuregui y Edu Rivera, así como 30 años de cárcel para Wilfredo Oscco, por los presuntos delitos de tentativa de homicidio calificado, exposición a peligro de persona dependiente y omisión de socorro. Estas imputaciones se sustentan en los actos posteriores a los disparos, relacionados con la atención a los heridos y la presunta falta de auxilio oportuno.

La acusación fiscal comprende en total a dos ex altos mandos policiales y 15 efectivos de la PNP, por la muerte de un ciudadano y las lesiones causadas a cuatro personas durante las protestas. El caso se suma a otros procesos abiertos a nivel nacional por los hechos registrados en el contexto de las movilizaciones que marcaron el inicio de 2023.

Cómo ocurrieron los disparos durante las protestas en Apurímac

Según la investigación fiscal, los hechos se remontan a febrero de 2023, cuando un grupo de aproximadamente 40 ciudadanos se desplazaba en tres vehículos con dirección a Challhuanca, con la finalidad de participar en una marcha pacífica. Durante el trayecto, el grupo quedó detenido en el sector Izcahuaca, debido al bloqueo de la carretera, una situación que se repetía en distintas zonas del país durante esos días.

Horas después, cuando los manifestantes decidieron retornar, los vehículos avanzaron por el kilómetro 270 del sector Siete Vueltas, en la provincia de Aymaraes. En ese punto, de acuerdo con la tesis fiscal, los ocupantes escucharon múltiples disparos efectuados por agentes del orden. Los proyectiles impactaron no solo en las personas, sino también en las llantas y carrocerías de los vehículos, generando daños materiales y heridos de gravedad.

Como resultado de los disparos, Denilson Huaraca falleció tras recibir impactos de bala que comprometieron severamente sus pulmones. En el mismo operativo resultaron heridos Pablo Lazo, conductor de uno de los vehículos, quien recibió un disparo en el brazo izquierdo; Víctor Rojas, con lesiones en la médula ósea; Damián Sivipaucar, herido en el muslo izquierdo; y Juan Ruiz, quien también fue incluido como agraviado en la investigación fiscal.

La Fiscalía sostiene que los disparos se produjeron en un contexto en el que los ciudadanos no representaban una amenaza inminente, razón por la cual los hechos fueron calificados preliminarmente como homicidio calificado con alevosía y tentativa de homicidio. El expediente fiscal recoge peritajes balísticos, testimonios y reconstrucciones de los hechos para sustentar la responsabilidad penal de los investigados.