
Las micro y pequeñas empresas (mypes) del país evalúan convocar un paro nacional, lo que implicaría el primer desafío de este tipo para el presidente interino José Jerí durante el año y en plena contienda electoral.
En una reunión realizada el último viernes, los líderes respaldaron la propuesta llegada desde Huancayo por Joshua Lara, representante de la Asociación Multisectorial de Industrias del Perú. La decisión final se tomará en una asamblea prevista para el próximo 28 de enero.
“En Huancayo tuvimos una pequeña reunión con los miembros de mi gremio. Allí acordamos llevar la propuesta a este encuentro, que es impulsar un paro nacional o, al menos, una marcha conjunta”, expresó Lara.
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El dirigente agregó que buscan sumar el apoyo de otras regiones ante la ausencia de programas y decretos de urgencia para el Programa Nacional Compras a MYPErú, que promueve la participación de las mypes en las adquisiciones estatales mediante el modelo de Núcleos Ejecutores de Compras (NEC).
“Queremos contactar al resto de regiones para ver si deciden sumarse. Huancayo es la segunda región con mayor presencia de mypes en este proyecto”, remarcó.

Lara llamó a sus colegas a unir esfuerzos, ya que muchas empresas pequeñas carecen de recursos para movilizarse hasta Lima. “No todas pueden venir a Lima a pelear. Si solo llegamos unos cuantos, la cantidad será menor que en provincias. Queremos defender los derechos de todos, no solo de los representantes, también de los trabajadores”, afirmó.
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Renee Cobeña, presidente del Frente Nacional de Defensa de la Micro y Pequeña Empresa (Fredemype), indicó que la viabilidad del paro depende de la asamblea nacional del 28 de enero, en la que participarán delegados de todo el país para definir el camino a seguir.
“Las mypes están molestas. Ha pasado mucho tiempo y no hay nada, solo promesas y cero cumplimientos. Ya basta de que no nos tomen en cuenta. Somos el motor generador de empleo del país y no nos consideran”, manifestó.
Dirigentes del sector subrayan que, de concretarse el paro, sería la primera vez que las mypes convocan una medida de esta magnitud. “Se han realizado plantones y marchas, pero un paro nacional no, y avanzamos hacia esa organización”, destacó Cobeña.
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Refirió que el objetivo conjunto es que las entidades públicas destinen el 40% de sus adquisiciones mediante núcleos ejecutores, conforme establece la normativa. “Hasta ahora, el programa nacional no ha permitido concretar ventas significativas a ninguna institución, a pesar de estar bajo la gestión del Ministerio de la Producción”, precisó.
Cobeña también denunció actos de corrupción al detectar sobrevaloración en compras de cajas y otros productos innecesarios. “Lo más grave es que han comprado a empresas fantasmas. Hubo investigaciones y se comprobó que las direcciones de las facturas corresponden a viviendas o lugares donde no existen empresarios ni proveedores reales”, dijo.
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El dirigente sostuvo que esta información ya ha sido comunicada al ministro de la Producción, César Quispe, y al viceministro de mype e Industria, Juan Carlos Requejo.

“Recién la semana pasada se retiró a los involucrados, pero han puesto personas también cuestionadas en los mismos cargos. Pareciera que existe colusión en el programa nacional, incluso con participación del director. Por eso presentamos denuncias con pruebas y exigimos saber si los implicados han sido denunciados”, manifestó. Ni Quispe ni Requejo respondieron a consultas de Infobae Perú.
Voces
Juan García, presidente del Frente Nacional de Textil del Perú (Frentex) en San Juan de Lurigancho, y Hermes Fernández, presidente de la Sociedad Nacional de Empresarios del Perú (SONAE), señalaron que desde hace tiempo circulaban versiones sobre prácticas irregulares.
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“Empresas proveedoras fantasmas que proveen productos, como las cajas, al Núcleo Ejecutor de Compras, lo cual es nefasto e indignante”, declararon.
Doris Babilonia, representante de Corazón Valiente en Canto Rey, planteó que la protesta nacional debe involucrar a todas las regiones para fortalecer la demanda hacia las autoridades y exigió sanción contra quienes hayan realizado adquisiciones infladas a proveedores ficticios. “Que salgan a la luz las personas que están involucradas”, reclamó.
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