
La fiscal adjunta destituida y actual candidata al Senado, Sandra Castro, afirmó este martes que el jefe interino del Ministerio Público, Tomás Gálvez, puso fin a su nombramiento como represalia por haber iniciado el caso conocido como los ‘Cuellos Blancos del Puerto’, una presunta red ilegal que habría designado magistrados mediante favores a políticos y empresarios.
Durante una rueda de prensa, la magistrada manifestó que Gálvez “cumplió su amenaza y venganza por haber investigado hechos de corrupción”, en los que él mismo estuvo implicado. “Se le escucha sus audios en los que hace pedidos al prófugo César Hinostroza. No es solamente un audio, son varios”, sostuvo.
El exjuez supremo, quien fugó de Perú en octubre de 2018, enfrenta acusaciones de la Fiscalía por liderar esta organización corrupta dentro de la Judicatura.
Castro indicó que, pese a las declaraciones del titular de Fiscalía, la existencia de la red ‘Cuellos Blancos’ está demostrada. “Existe esa investigación, existen sentencias contra algunos integrantes de esa organización. Existen sus audios, que no lo va a poder negar porque ahí está su voz cuando hace pedidos. Entonces, no puede decir que ‘Cuellos Blancos’ no existe. ‘Cuellos Blancos’ existe”, reiteró.

Aseguró que, al iniciar el caso, enfrentó “a élites corruptas que actualmente se encuentran sentadas en grandes lugares” y rechazó que Gálvez haya disuelto los equipos especiales del Ministerio Público encargados de investigar casos emblemáticos de corrupción en el país, incluido el de la constructora brasileña Odebrecht.
“Es la primera vez que veo que un fiscal de la Nación está más preocupado en desactivar estos equipos especiales que en apoyarnos. Enfrentar a la élite corrupta es riesgoso para un fiscal. Yo ahora soy una mujer peruana perseguida por esa élite corrupta. Soy una mujer peruana que va a continuar en la lucha por la defensa de la justicia. Cumplió su venganza conmigo”, declaró.
Cuatro resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano dispusieron el fin del equipo especial Lava Jato, el Equipo Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), el grupo encargado de ‘Cuellos Blancos’ y el equipo especial de derechos humanos (Eficavip).
Gálvez había declarado previamente que el trabajo de estos equipos “no ha dado resultado” y consideró que su permanencia generó un contexto de “encubrimiento, impunidad y persecución”.
Por el caso ‘Cuellos Blancos’, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó a Gálvez en 2021 tras acusaciones de faltas muy graves como pertenencia a organización criminal, cohecho pasivo, tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
En junio de 2025, el Tribunal Constitucional determinó que el proceso vulneró sus derechos procesales y ordenó su restitución como fiscal supremo.

Defensa
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 declaró improcedente la candidatura de Castro al Senado por el Partido Morado, al considerar que debía presentar una renuncia al Ministerio Público seis meses antes de la elección, conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones.
El tribunal rechazó la licencia presentada por la magistrada como equivalente a una renuncia y sostuvo que la restricción aplica a todos los fiscales, sin distinción de rango.
No obstante, Castro argumentó que solo debía presentar una declaración de licencia sin goce de haber para apartarse temporalmente del cargo. “Dos meses de licencia sin sueldo ya es bastante para un funcionario público”, afirmó.
Agregó que la renuncia anticipada por seis meses solo corresponde a altos funcionarios, como el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura o el Defensor del Pueblo. “No aplica en mi caso”, señaló.
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