Policía es sentenciado a tres años de prisión por crueldad contra animales en Lima Norte tras envenenar a perros de su vecina

A pocos metros de una concurrida vía de San Martín de Porres, un caso de crueldad contra animales domésticos llegó a los tribunales y terminó con una sentencia contra un agente policial. El proceso judicial abrió un debate sobre la relación entre vecinos, el respeto a la vida animal y el rol de las instituciones frente a hechos de violencia que ocurren en espacios residenciales. La historia se desarrolló en la urbanización Vipol de Naranjal, donde dos perros identificados como “Sasha” y “Bobby” se convirtieron en el centro de una investigación fiscal que avanzó hasta una condena.

El relato de los hechos surgió a partir de la denuncia de las propietarias de las mascotas, quienes afirmaron que el acusado dejó sustancias tóxicas frente a la vivienda. La Fiscalía incorporó testimonios y documentos que describieron cómo uno de los animales murió de manera inmediata, mientras el otro recibió atención veterinaria de urgencia. En palabras de la Fiscalía, el imputado “dejó alimentos contaminados con sustancias tóxicas en el frontis de su vivienda”, lo que permitió a las autoridades establecer la relación directa entre la acción y las consecuencias para los canes.

La intervención fiscal se desarrolló en el marco de un juicio oral impulsado por el Primer Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte. Según el Ministerio Público, la responsable de la acusación, la fiscal adjunta Rosa Calderón Romaní, expuso pruebas que vincularon al procesado con el hecho denunciado y sostuvo que el involucrado tuvo conocimiento previo del comportamiento de los perros del vecindario.

El caso generó atención pública por tratarse de un miembro de la Policía Nacional en situación de servicio activo. El proceso avanzó en estrados judiciales y concluyó con una sanción que incluyó pena privativa de libertad, inhabilitación definitiva para la tenencia de animales y el pago de reparación civil a favor de las afectadas.

Sentencia judicial y responsabilidad del acusado

El Ministerio Público informó que el tribunal dictó tres años de prisión contra el policía Fernando Díaz por el delito de actos de crueldad contra animales domésticos en agravio de las propietarias de los perros “Sasha” y “Bobby”. La medida se aplicó luego de que la Fiscalía sustentó que el acusado colocó sustancias tóxicas en el exterior de la vivienda de sus vecinas, en la urbanización Vipol de Naranjal. De acuerdo con la exposición fiscal, una de las mascotas murió en el lugar y la otra sobrevivió tras recibir atención especializada.

Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público señaló que el acusado mantuvo contacto frecuente con los animales del entorno y que este vínculo permitió que los canes se acercaran a los restos de alimento contaminado. El Ministerio Público citó que el acusado “aprovechó la familiaridad con los canes, de nombre ‘Sasha’ y ‘Bobby’, para dejarles alimentos contaminados con sustancias tóxicas en el frontis de su vivienda”.

La Fiscalía sustentó su acusación con distintos elementos incorporados al expediente. Entre ellos figuraron la denuncia policial presentada por las dueñas de los animales, la declaración de la parte agraviada, el testimonio del médico veterinario que atendió a “Bobby”, la visualización de cámaras de seguridad y la inspección técnico policial realizada en la zona. Estos medios probatorios permitieron al despacho fiscal establecer la secuencia de los hechos y la participación directa del condenado.

Alcances de la sanción y medidas complementarias

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal dispuso la inhabilitación definitiva del sentenciado para la tenencia de animales domésticos. La sentencia también incluyó el pago de S/ 2 100 por concepto de reparación civil a favor de las agraviadas, monto fijado de manera solidaria. El Ministerio Público indicó que la resolución fue confirmada en segunda instancia, lo que consolidó las medidas judiciales impuestas.

El caso se convirtió en un antecedente relevante dentro de la aplicación de la normativa penal sobre protección de animales domésticos en el ámbito urbano. La Fiscalía resaltó que la actuación institucional se sostuvo en pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron respaldar la acusación y sustentar la decisión judicial frente a los hechos registrados en San Martín de Porres.