Según la publicación difundida, los familiares relataron que ambos detenidos llevaban más de dos años realizando labores de control y orientación en paraderos, y que fueron intervenidos en el marco de un operativo policial en Lima, tras el cual incluso fueron expuestos ante la prensa. En su mensaje, la parlamentaria advirtió que el testimonio de las familias estaba marcado por el dolor y la desesperación, al considerar que se había cometido una injusticia contra quienes no están vinculadas a actividades delictivas.

Proceso con vicios
La congresista indicó que Antony Vásquez y Jean Carlo Trujillo afrontan actualmente prisión preventiva y que, pese a haber presentado una apelación el 2 de diciembre de 2025, hasta la fecha no se ha programado una audiencia. Además, señaló que las familias le han descrito diversas irregularidades durante la intervención policial, motivo por el cual solicitó a las autoridades garantizar el debido proceso y revisar lo ocurrido.
La denuncia fue ampliada posteriormente por la propia congresista, quien sostuvo que se trataría de una intervención policial altamente cuestionada, ocurrida en noviembre. De acuerdo con su versión, los familiares le señalaron que durante la detención se habrían colocado elementos explosivos, lo que inicialmente derivó en una imputación por extorsión que no prosperó y que luego fue modificada por el presunto delito de fabricación y comercialización de explosivos. En ese sentido, remarcó la necesidad de que el Ministerio del Interior y la Policía dialoguen con los gremios de transporte para canalizar estos casos concretos y evaluar si existe un patrón de arbitrariedad en determinadas intervenciones.

Defienden inocencia de los detenidos
Un mes antes de la denuncia de la congresista, familiares, amigos y compañeros de trabajo de Antony Vásquez y Jean Carlo Trujillo realizaron un plantón en el distrito de Villa El Salvador para exigir su liberación. Durante esa protesta, los allegados insistieron en que ambos son trabajadores conocidos en la zona y negaron que mantengan vínculos con redes de extorsión.
La hermana de uno de los detenidos, indicó que son padres de familia y sostén económico de sus hogares, y denunciaron que la intervención policial habría estado plagada de irregularidades, incluyendo la supuesta “siembra” de pruebas. Una de las familiares afirmó entre lágrimas que su hermano llevaba años trabajando en el óvalo Cocharcas y que era conocido por comerciantes y transportistas del sector, quienes, según indicó, nunca lo habían denunciado ni acusado de actos ilícitos.

Otros testimonios apuntaron a un presunto patrón en este tipo de operativos, en el que dateros de distintos distritos habrían sido detenidos bajo atestados similares. Los familiares cuestionaron que no se hayan difundido grabaciones completas del momento de la intervención y reclamaron que solo se muestren registros posteriores. Para ellos, esta ausencia de material audiovisual previo refuerza sus sospechas de un procedimiento irregular.
El plantón en Villa El Salvador
El plantón realizado en el óvalo Cocharcas congregó a transportistas, dateros y vecinos que expresaron su respaldo a Antony Vásquez y Jean Carlo Trujillo. Durante la protesta, los manifestantes bloquearon temporalmente la vía como medida de presión y para visibilizar lo que consideran una injusticia. Los asistentes insistieron en que los detenidos cuentan con el respaldo de quienes trabajan diariamente en la zona y aseguraron que nunca han sido víctimas de extorsión por parte de ellos.
Los participantes del plantón reclamaron que las autoridades investiguen a quienes realmente integran organizaciones criminales y no a trabajadores informales que, según señalaron, obtienen ingresos mínimos por orientar el tránsito o alertar sobre congestión vehicular. En ese contexto, reiteraron su pedido de que se revisen las pruebas, se acceda a las grabaciones completas de la intervención y se garantice un proceso transparente.
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