
El gobierno de José Jerí nombró a Oswaldo Martín Calle Talledo como nuevo comandante general del Ejército del Perú. El general de División ocupará este cargo, en reemplazo de David Guillermo Ojeda Parra, desde el 1 de enero del 2026.
La decisión fue oficializada por medio de la Resolución Suprema N.º 102-2025-DE, publicada hoy, lunes 29 de diciembre, en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. La medida fue refrendada por el presidente del Perú, José Jerí, y el ministro de Defensa, César Díaz Peche.

Controversia por el nombramiento en el Estado Mayor del Ejército
El nombramiento de Oswaldo Calle Talledo como jefe de Estado Mayor del Ejército ha generado controversia. El general Calle Talledo ocupa la segunda posición más importante del instituto castrense, a pesar de hallarse bajo investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupción.
“El general Oswaldo Calle Talledo tiene procesos fiscales en curso. Me parece que cuando se desempeñaba como jefe del Comando de Salud en plena pandemia (del coronavirus), tuvo una intervención inclusive de la Fiscalía, porque yo trabajaba a unos metros (de su despacho) y pude ver cuando ingresaban por temas de contrataciones”, declaró el general de brigada en retiro Víctor Canales Rosas en entrevista con el medio.
La designación de Calle Talledo implica que también asume la presidencia del directorio de la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), responsable de gestionar millonarios contratos para la compra de equipamiento militar. El puesto, además, fue asignado en sustitución del general Manuel Paz Ramos, quien pasó al retiro bajo la figura de “renovación de cuadros”. Según Canales Rosas, “quizás más conocedores de este tema son las personas que han trabajado con él. Puedo citar al general Manuel Paz Ramos, mi compañero de promoción, a quien injustamente pasaron al retiro, siendo héroe de la guerra del Cenepa y comando Chavín de Huántar”.
El general Canales Rosas añadió que el cargo debió ser ocupado por Ricardo Bustamante Zúñiga, el número uno de la promoción 1993. “Él debería ser el jefe de Estado Mayor General del Ejército. Pero lo pasan al retiro siendo un oficial brillante, un oficial con una trayectoria impecable, con liderazgo, altamente capacitado”, expresó en la misma conversación con La República.

Controversias de David Ojeda
Un informe de la Contraloría General de la República identificó irregularidades en el proceso de adquisición de 30 vehículos blindados ARMA para el Ejército del Perú. El general de División David Ojeda Parra, entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, figura como principal responsable de presionar para concretar la compra con la empresa turca Otokar, descalificada en el proceso. “La CETO no habría evaluado de forma clara la propuesta de la empresa que ocupó el primer lugar de prelación (Otokar)”, precisa el informe de la Contraloría, publicado por Infobae Perú.
El proceso fue observado porque la propuesta superaba el presupuesto asignado de 60 millones de dólares y presentaba anomalías técnicas. La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) rechazó la adquisición en tres oportunidades, señalando deficiencias insubsanables y falta de transparencia en la selección. “No resultaba viable proceder a la admisión, pues la propuesta de la empresa supera el valor referencial establecido”, indicó la ACFFAA en uno de sus oficios.
Según el reporte, la injerencia de Ojeda Parra quedó documentada desde la designación de los integrantes de la Comisión de Estudio Técnico Operacional del Ejército, hasta la remisión de un expediente incompleto a la ACFFAA. El expediente presentado tenía solo 225 folios, cuando oficialmente debía contar con 1,234 páginas.
Características técnicas y rol de la Contraloría
El vehículo blindado ARMA 8x8 de Otokar destaca por su diseño modular y capacidad para operaciones militares de infantería. Puede transportar hasta 40 toneladas, soportar diferentes tipos de armamento y desplazarse tanto en tierra como en agua. Sin embargo, la propuesta de compra, que ascendía a más de 64 millones de dólares, excedía el presupuesto y no cumplía con los requisitos técnicos mínimos.
La Contraloría recomendó que el Comandante General del Ejército adopte las medidas necesarias para esclarecer las responsabilidades y corregir las irregularidades detectadas en el proceso, advirtiendo sobre la importancia de la transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos en adquisiciones clave para la seguridad nacional.
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