Sabemos que toda política pública que interfiera o amenace con interferir en el libre desenvolvimiento de personas o empresas perjudica el desarrollo de las economías. Incluso el solo anuncio de este tipo de medidas genera tensiones, nerviosismo, inquietud e incertidumbre.
El anunciado plan “escudo fronterizo” del próximo gobierno chileno ha puesto en alerta a países vecinos, entre ellos el Perú. Según el plan, Chile adoptaría represalias económicas y diplomáticas si los países fronterizos, por ejemplo, no facilitan la devolución de migrantes en situación irregular. Asumiendo dicho escenario, cabe preguntarse: ¿podría entorpecerse el intercambio comercial entre ambos países?
Si bien nuestra relación comercial con Chile es importante, no es determinante. Las exportaciones peruanas hacia ese país suman alrededor de US$ 2,000 millones, lo que representa menos del 3% de nuestros envíos totales al mundo. Por el lado de las importaciones, las compras provenientes de Chile son un poco más de US$ 1,000 millones, esto apenas representa un 2.3% del total importado. Minerales de molibdeno y paltas son nuestros principales envíos; mientras que nuestras compras son mayoritariamente bienes intermedios, materias primas para la industria. Tomando en cuenta que una de nuestras fortalezas macroeconómicas es el nivel de integración comercial que tenemos con el mundo, alternativas de venta y compra existen.
En el peor de los casos, podrían implementarse nuevos controles o inspecciones que elevarían los costos logísticos y afectarían el comercio transfronterizo, especialmente a las micro y pequeñas empresas exportadoras del sur del país. El comercio seguiría fluyendo, pero de manera menos eficiente. Otra sería la historia si la advertencia viniese de EE. UU., China o Europa, principales socios comerciales de nuestro país.
No olvidemos también que, como bien dicen, “una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón”. Lo que se exponga en un plan de gobierno o se pregone en mítines de campaña, no necesariamente es lo que se terminaría aplicando como parte de sus políticas de gobierno. De hecho, en los primeros días del mes de diciembre, se moduló el relato sobre su política migratoria y solicitó la colaboración de los migrantes irregulares para que abandonen el país.
Además, expulsiones masivas afectarían el desempeño de la economía chilena. Migrantes que trabajan, pagan impuestos y se insertan formalmente en la economía no constituyen un problema, más bien son un activo. Se estima que la población migrante en su conjunto aporta alrededor del 10% de su PBI, una participación nada despreciable para cualquier economía. La afectación también se daría en los países vecinos, con una mayor presión en su mercado laboral, particularmente en las zonas fronterizas.
El 11 de marzo de 2026, fecha en que Kast asumirá la presidencia de Chile, está cerca. La diplomacia peruana ya estaría realizando acercamientos. Que no cunda el pánico. Toda política pública que ataca libertades económicas termina pasando factura al gobierno que las aplica. Para muestra un botón: un último informe sobre el mercado laboral de EE. UU. da cuenta de que la tasa de desempleo subió a 4.6%, la más alta desde 2021, en un contexto marcado por la incertidumbre derivada de los aranceles y de las políticas migratorias.
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