La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios obtuvo la autorización judicial para levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de las empresas Frigoinca S.A.C. y Sociedad Ganadera Calipuy S.A.C. Ambas entidades son señaladas por su presunta participación en una red de corrupción dentro del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, ahora denominado Wasi Mikuna.
Según la tesis del Ministerio Público, los representantes de Frigoinca habrían implementado un sistema de sobornos diseñado para captar la voluntad de funcionarios y servidores públicos. Por su parte, Sociedad Ganadera Calipuy habría facilitado el movimiento de fondos ilícitos mediante el uso de conceptos contables simulados, como supuestas “asesorías de ventas”, con el fin de ocultar el origen y destino del dinero.
El acceso a la información financiera permitirá a los peritos fiscales examinar transferencias, depósitos, emisión de cheques y préstamos realizados por ambas personas jurídicas. Esta diligencia es considerada determinante por las autoridades para identificar el circuito financiero de los presuntos pagos irregulares y establecer la responsabilidad penal de decenas de implicados en la investigación.
La ruta del dinero y sobornos
La investigación fiscal detalla que el esquema de presunta organización criminal operaba para asegurar beneficios comerciales y la permanencia de contratos con el Estado. En el caso de Frigoinca, se sospecha que la compañía buscaba evitar sanciones administrativas y garantizar la renovación de licencias sanitarias que le permitieran seguir proveyendo conservas cárnicas a los escolares de instituciones públicas.
Hasta el momento, las pesquisas han identificado a 19 funcionarios públicos involucrados en la red, de un total de 33 personas naturales bajo sospecha. Como parte de las diligencias preventivas para salvaguardar la salud pública y asegurar las pruebas, las autoridades han inmovilizado más de 29.300 cajas de conservas que estaban destinadas al consumo escolar, tras detectarse posibles irregularidades.
A inicios de diciembre, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Aníbal Morillo Arqueros, exgerente regional de Salud de La Libertad, por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias. Según los elementos de convicción presentados, el exfuncionario habría utilizado su cargo para favorecer a las empresas mencionadas a cambio de beneficios económicos.
Nexos políticos en Los fríos del hambre
La investigación sobre la denominada red ‘Los fríos del hambre’ revela que las operaciones ilícitas se habrían intensificado desde el año 2023, con especial incidencia en la región La Libertad. La Fiscalía sostiene que Nilo Burga Malca, propietario de Frigoinca, lideraba la estructura con el propósito de obtener licencias sanitarias de forma irregular y evitar que su planta fuera sancionada.
De acuerdo con los documentos fiscales, la organización utilizaba intermediarios con conexiones políticas para influir en las decisiones de la Gerencia Regional de Salud. En este esquema, se habrían detectado pagos cercanos a los S/ 77.000 disfrazados de préstamos personales, los cuales nunca fueron devueltos y que, según los colaboradores eficaces, correspondían a retribuciones por gestiones.
La Fiscalía ha detallado cómo se organizaban encuentros en sedes partidarias de Trujillo, se realizaban llamadas directas al gerente regional de Salud y se coordinaban reuniones para pactar apoyos administrativos. Todo ello, según la resolución judicial, constituye evidencia suficiente para asociar a los involucrados con el delito de tráfico de influencias.
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