La Ley General de Minería mantiene la concentración del 50% de las concesiones en manos de solo el 1% de los titulares en el país, lo que obstaculiza el proceso de formalización mediante el REINFO, de acuerdo con el último informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) de Perú.
La organización alerta que, aunque el Congreso de la República aprobó la quinta prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), la nueva ley para la pequeña minería (MAPE) no modifica los obstáculos estructurales que impiden la regularización de miles de pequeños mineros y mineros artesanales.
Congreso vuelve a ampliar el REINFO hasta 2026
El OCM identifica la alta concentración existente: de aproximadamente 19.000 titulares de concesiones mineras, solo 191 concentran más de la mitad de los derechos mineros otorgados. En total, más de 20 millones de hectáreas se encuentran concesionadas, lo que representa el 16% del territorio nacional.
Sin embargo, menos de dos millones de hectáreas están en operación o en procesos efectivos de exploración, según cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas. “La gran conflictividad minera explica más del setenta por ciento de los conflictos socioambientales que hay en el Perú”, dijo.
Durante la presentación del balance, José De Echave, investigador de la organización CooperAcción, explicó que la Ley General de Minería de 1992 posibilitó que grandes y medianos actores —812 titulares, equivalentes al 4,23% del total— concentren el 63% de todas las concesiones a escala nacional.
En contraste, casi 16.000 pequeños mineros y artesanales (el 85% del universo de titulares) solo gestionan poco más del 23% del área concesionada en el país. De Echave destacó que de las 20 millones de hectáreas clasificadas como concesiones mineras, menos del 10% son usadas en actividades de exploración o explotación efectiva.
Ley General de Minería en el ojo de la tormenta ante avance de ilegales
El experto subrayó que el cuello de botella central para la formalización radica en que la legislación exige un acuerdo previo con el titular de la concesión para avanzar en el proceso. “Es una ilusión pensar que la ley MAPE resolverá el problema de la formalización si no se toca la política de concesiones mineras”, aseguró el experto.
Este requisito restrictivo, de acuerdo con el Observatorio, impide que los pequeños mineros y artesanales puedan registrarse de manera efectiva bajo el REINFO, aun si la ley MAPE sigue ampliándose o se promulgan nuevas normas específicas.
De Echave considera que la política de concesiones, definida desde la legislación de 1992, no contempla ningún mecanismo de democratización real del acceso al territorio por parte de los operadores de menor escala. Por ello, afirmó que “no se va a poder encontrar salidas al caos y expansión violenta de la minería mientras no se discuta el tema de las concesiones mineras”.
“Estamos viendo una expansión de concesiones mineras en Loreto, Ucayali y Amazonas, donde históricamente no hubo gran minería y hoy domina la ilegalidad”, manifestó ante la prensa.
La concentración de concesiones dificulta la formalización minera en Perú
El OCM también advierte que mientras la producción nacional de oro en 2005 estaba mayoritariamente en manos de cuatro grandes concesionarios (Yanacocha, Barrick, Ares y otros), que concentraban el 80% de la extracción, hoy ese grupo solo representa el 31%.
Frente a esto, el avance de la pequeña minería, informal e ilegal —sobre todo en regiones amazónicas— se ha incrementado de manera sostenida y ha tenido un impacto ambiental creciente. “La matriz de la conflictividad social vinculada a la minería en Perú ha cambiado: hay otros ingredientes como la minería informal y abiertamente ilegal”, dijo.
El Observatorio de Conflictos Mineros concluye que la auténtica formalización minera solo podría lograrse mediante una reforma integral al régimen de concesiones, con participación de los actores sociales afectados y controles efectivos sobre el territorio y los recursos.
“El país requiere una reforma profunda de su sistema de concesiones mineras, integrando a los actores sociales afectados y fortaleciendo controles sobre el territorio y la actividad extractiva”, sentenció el economista de CooperAcción.
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