Una fiscal de Lima Norte enfrenta amenazas de muerte e intimidaciones por parte de presos del penal de Lurigancho, quienes han enviado mensajes detallando sus movimientos y advirtiendo represalias. Esta grave situación ocurre mientras la funcionaria desempeña casos sensibles y refuerza el foco sobre la seguridad de los operadores de justicia, actualmente expuestos a hostigamiento por parte del crimen organizado.
Las amenazas han sido reiteradas durante las últimas semanas, incluso a pesar de contar con resguardo policial. Junto a este caso, otros fiscales peruanos dedicados a la lucha contra la criminalidad organizada también reportan intimidaciones, evidenciando un contexto de inseguridad que pone en jaque el desenvolvimiento de sus labores y exige respuestas institucionales inmediatas.
Hostigamiento sistemático contra fiscales en proceso de investigación
Las amenazas dirigidas a la fiscal de Lima Norte subrayan la vulnerabilidad de quienes enfrentan al crimen desde el sistema judicial. En esta oportunidad, la funcionaria, con más de cinco años en la magistratura y experiencia en distritos como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, recibió mensajes de texto y notas de voz en los que los reclusos mostraron información precisa sobre su rutina diaria, asegurando conocer su residencia y advirtiendo que “en algún momento estarás sola”.
A pesar del resguardo policial asignado, la fiscal denunció un ataque frustado ocurrido en abril, cuando quienes la escoltaban evitaron que una motocicleta sospechosa lograra interceptarla. Este episodio marcó un antes y un después en el clima de hostilidad que ha venido soportando, ya que los intentos de amedrentamiento han escalado en frecuencia e intensidad, sumándose a la presión psicológica propia de este tipo de amenazas.
Mensajes de intimidación y repercusiones emocionales
Los mensajes enviados por internos incluyen insultos y advertencias directas sobre posibles atentados. “Sabemos dónde vives y aunque tengas escolta, algún día te encontrarás sola”, fue una de las advertencias recibidas recientemente. El jueves once, la funcionaria recibió varios mensajes intimidatorios que, además de amedrentar, buscaban apartarla de los procesos pendientes contra presos del penal de Lurigancho.
La fiscal relató que la última ola de amenazas resultó más inquietante al evidenciar un seguimiento estrecho de sus movimientos y al revelar un posible “reglaje” a su vida personal. Pese al objetivo de los agresores, la funcionaria reiteró que continuará con su trabajo y que los responsables deben recibir una sanción conforme a la ley. “Ellos buscan que desista de mi labor, pero la legalidad debe prevalecer frente a cualquier amenaza”, expresó de forma enfática.
Panorama nacional: 25 fiscales amenazados por crimen organizado
Este caso se suma a la delicada situación que viven los fiscales especializados en crimen organizado en Lima, muchos de los cuales han recibido amenazas similares. Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, informó que veinticinco fiscales en la capital han sido objeto de intimidaciones de muerte por parte de bandas delictivas. Chávez Cotrina afirmó durante una mesa de trabajo en el Congreso de la República que la seguridad de los fiscales sigue siendo muy frágil, ya que las mafias buscan amedrentarlos de manera sistemática.
El fiscal superior advirtió que ni la presencia de resguardo policial garantiza la integridad de los magistrados, citando ejemplos ocurridos en otros países y recordando los atentados contra candidatos presidenciales en Ecuador y Colombia. Según sus declaraciones, el Ministerio Público aplica medidas disuasivas, como el cambio de rutas hacia los centros de trabajo, aunque reconoció que la Policía carece de suficiente personal para brindar protección a cada fiscal.
Amenazas recientes en fiscalías y respuesta institucional
Las amenazas no solo afectan a la fiscal mencionada de Lima Norte. Margarita Haro Pinto, fiscal provincial en San Juan de Lurigancho, denunció ser víctima de intimidaciones y extorsión luego de liderar una investigación contra la organización “Los Chukys de Juan Pablo II”. Tras ordenar prisión preventiva para siete miembros de la banda, Haro Pinto recibió mensajes exigiendo su renuncia en un plazo de veinticuatro horas, bajo amenaza de atentar contra su vida. Según la investigación, las intimidaciones habrían provenido del grupo “Los Pepes SJL”, cuyo presunto cabecilla se encuentra bajo medida restrictiva.
La presión no logró su cometido, ya que la magistrada ratificó su compromiso con la justicia. “No voy a sucumbir ante ningún amedrentamiento que busque vulnerar mis decisiones”, declaró. En respuesta, el Ministerio Público dispuso seguridad policial permanente para ella y su familia, reafirmando el respaldo institucional a los fiscales en riesgo. El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, aseguró acompañar a los afectados y reiteró que no se tolerará estos actos de intimidación por parte del crimen organizado.
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