El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Víctor Polay Campos, exlíder de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), por su presunta responsabilidad en delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado en el caso conocido como “Las Gardenias”. Según Fiscalía, la medida busca asegurar la presencia de Polay durante el proceso por crímenes cometidos entre 1989 y 1992 contra miembros de la comunidad LGTBI en la región San Martín.
El fallo responde a la acusación presentada por la Fiscalía de Derechos Humanos y contra el Terrorismo, que solicitó la máxima pena para Polay y otros exintegrantes del Comité Central del MRTA. Se le atribuye la planificación y ejecución de una política de “limpieza social” que resultó en el asesinato de numerosas víctimas seleccionadas por orientación sexual e identidad de género. La audiencia de control de acusación fue programada para el 28 de noviembre.
Además de Polay, la investigación involucra a otros dirigentes emerretistas como María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García, todos señalados como presuntos responsables directos o mediatos de los homicidios y actos terroristas realizados bajo directrices del MRTA.
Los argumentos fiscales que sustentan la prisión preventiva
La decisión de imponer cárcel preventiva durante 18 meses se sustenta en los argumentos expuestos por Rubén Anciama Medina, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Lima. Anciama señaló que existe peligro de fuga y obstaculización de la justicia por parte de Polay, cuyo entorno familiar y de amistades se encuentra fuera del país, principalmente en Argentina.
La Fiscalía basó su pedido en la gravedad de los delitos y la existencia de fundados y graves elementos de convicción sobre la responsabilidad de Polay en los hechos imputados.
Entre las razones expuestas ante el Poder Judicial, la Fiscalía destacó la necesidad de proteger a los testigos y preservar la integridad de la investigación judicial. “La medida no busca un anticipo de pena, sino asegurar la adecuada administración de justicia en un caso de alta sensibilidad social”, subrayó el fiscal adjunto.
La masacre de Las Gardenias: hechos y contexto
El caso “Las Gardenias” está vinculado con los asesinatos de al menos ocho hombres en la discoteca homónima de Tarapoto, ejecutados en mayo de 1989. Según la investigación, estos homicidios respondieron a una política sistemática del MRTA orientada a la “eliminación de indeseables”, concentrándose especialmente en miembros de la comunidad LGTBI.
La acusación detalla que el Comité Central del MRTA aprobó en 1988 la política de “limpieza social”, lo que permitió perpetrar crímenes selectivos en distintas localidades de la región San Martín. El material probatorio recopilado evidenció coordinaciones directas entre los líderes y los autores materiales de los homicidios, así como órdenes explícitas para identificar y ejecutar a las víctimas seleccionadas.
Además de la masacre en la discoteca, el expediente fiscal recoge los asesinatos de Luis Pinchi (estilista destacado en Tarapoto), Silvano Vela y Salomón Pérez, ocurridos entre 1990 y 1992. Todos fueron ejecutados en el marco de la misma campaña de exterminio contra personas consideradas “inapropiadas” por su orientación sexual.
La Fiscalía sostiene que, al solicitar la medida de prisión preventiva y la cadena perpetua, persigue no solo sancionar a los responsables, sino también garantizar justicia para las víctimas y sus familiares. El control de acusación evaluará la solidez del requerimiento y la suficiencia de los elementos aportados para mantener estas sanciones.
El prontuario judicial del ex líder terrorista Víctor Polay Campos
Víctor Polay Campos, apodado “Camarada Rolando”, lideró el MRTA durante los años más sangrientos de la violencia interna en el Perú. La organización ejecutó atentados, secuestros y asesinatos en varias regiones del país bajo su dirección. Polay fue capturado en 1989, pero logró escapar al año siguiente a través de un túnel excavado en el penal de Canto Grande, protagonizando una fuga masiva.
La recaptura definitiva de Polay ocurrió el 9 de junio de 1992, durante un operativo de la Policía Nacional en Lima. Desde entonces, permanece recluido en la Base Naval del Callao, cumpliendo una condena de 35 años por terrorismo agravado, cuya culminación está prevista para enero de 2026.
Sin embargo, la situación legal de Polay continúa siendo incierta, ya que enfrenta nuevos procesos judiciales, entre ellos el pedido de cadena perpetua por la masacre cometida en Las Gardenias y un proceso adicional por apología al terrorismo.
Las autoridades reiteran que este caso representa un paso relevante en la lucha contra la impunidad y en la reivindicación de los derechos de las víctimas de delitos de odio, cometidos sin radares, ni comunicación por radio para dificultar el rastreo, y bajo un sistema de exterminio coordinado.
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