La decisión del Poder Judicial de ordenar prisión preventiva por un año y medio contra Aníbal Morillo, exresponsable regional de Salud en La Libertad, profundiza la investigación por presuntos actos de corrupción que involucran a funcionarios y a la empresa Frigoinca, proveedor del programa Qali Warma. Esta resolución responde a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que sostiene que la medida busca evitar riesgo de fuga y asegurar la transparencia del proceso.
El caso, que motivó la renuncia de Morillo tras la emisión de un reportaje televisivo, expone conexiones con altos mandos políticos y revela supuestos pagos ilícitos orientados a favorecer a Frigoinca pese a observaciones en la producción de sus alimentos. Las indagaciones avanzan mientras otros implicados han recibido medidas alternativas y figuran nombres vinculados a Alianza para el Progreso.
Prisión preventiva para Aníbal Morillo en el marco de investigación
La investigación fiscal en torno al caso Qali Warma tomó un giro relevante con la orden judicial de 18 meses de prisión preventiva para Aníbal Morillo, exjefe regional de Salud de La Libertad. La Fiscalía Anticorrupción, bajo la conducción de Reynaldo Abia Arrieta, argumentó que la privación de libertad es necesaria para asegurar que el investigado no evada la justicia ni obstaculice la recolección de pruebas. Según el Ministerio Público, Morillo habría favorecido a Frigoinca, empresa que distribuyó conservas de pescado con deficiencias, a cambio de sumas provenientes de emisarios.
Durante las audiencias, el fiscal destacó que la participación del exfuncionario se sustentó en reportes oficiales y declaraciones, lo que llevó a la presentación de cargos por cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias en agravio del Estado. El pedido de prisión preventiva fue aceptado solo respecto a Morillo, mientras que Milton Brocca, considerado nexo entre Frigoinca y el gobierno regional, deberá cumplir comparecencia con restricciones hasta que la apelación fiscal ante la medida sea resuelta.
Pagan a funcionarios para favorecer a la empresa Frigoinca
El detonante de la investigación fue la difusión de un reportaje en Punto Final, que expuso supuestos sobornos de S/ 60.000 entregados a Morillo durante 2024, con el objetivo de facilitar operaciones de la planta de Frigoinca en Chepén. La entrega de dinero, según los documentos fiscales mencionados, se realizó por medio de Milton Brocca, quien visitó más de veinte veces el Gobierno Regional de La Libertad en el periodo observado.
La reacción de Morillo ante las acusaciones fue inmediata: presentó su dimisión y aseguró públicamente que el objetivo era garantizar mayor transparencia en la gestión. En su misiva, recogida por Punto Final, negaba haber actuado bajo intereses personales y criticó la cobertura del periodista Christopher Acosta. Además, subrayó el impacto emocional sobre su familia y reclamó la continuidad rigurosa de las investigaciones.
Involucramiento de nombres cercanos a Alianza para el Progreso
El desarrollo de las pesquisas no ha quedado circunscrito a funcionarios de Salud. Punto Final presentó documentos fiscales que sugieren la presunta participación de Óscar Acuña Peralta, jefe político de Alianza para el Progreso (APP) en la región y hermano del líder partidario César Acuña Peralta. De acuerdo con la información fiscal, Óscar Acuña habría recibido aproximadamente S/ 77.000 de parte de Nilo Burga Malca, fallecido empresario y titular de Frigoinca, en el mismo periodo bajo examen.
Acuña aceptó la existencia de transferencias a su cuenta y admitió los contactos, pero argumentó que la suma era inferior a la reportada y aseguró no haber realizado gestiones irregulares. “Buscaba mi apoyo para conectar con Morillo”, declaró el político, quien descarta haber favorecido a Frigoinca. Su postulación a la Cámara de Diputados en las próximas elecciones generales incrementa la atención sobre el posible alcance de la red señalada.
Continuidad de la pesquisa y alcance en programas sociales
La evolución del caso se mantiene bajo estrecha supervisión del equipo anticorrupción, cuyos representantes remarcaron el objetivo de dilucidar el grado de responsabilidad de quienes formaron parte de la estructura de sobornos. En el expediente figuran detalles sobre la militancia de Morillo en APP desde septiembre de 2024, así como registros del Registro de Organizaciones Políticas (ROP).
La investigación prioriza establecer el impacto de este esquema en los programas sociales, resalta la actuación concertada de funcionarios y empresas proveedoras y pone énfasis en la lucha contra la corrupción institucional. La resolución judicial sobre la prisión preventiva de Aníbal Morillo marca un precedente relevante en la respuesta de las autoridades ante señales de ventaja indebida en contrataciones estatales.
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