Más de dos decenas de ambulancias nuevas, adquiridas en el actual gobierno para la Policía Nacional y valoradas en más de cuatro millones de soles, permanecen reunidas y sin función en los almacenes del Ministerio del Interior en Jesús María. Mientras en provincias y diferentes regiones del país los agentes deben afrontar traslados médicos en vehículos particulares, chatarras o incluso tolvas, las unidades cero kilómetros esperan el inicio de su servicio entre el polvo y la falta de gestión.
Esta situación fue revelada en un reportaje de Punto Final, medio que documentó cómo unidades Hilux y Peugeot Boxer del año 2026 y 2025, respectivamente, llevan meses estancadas, imposibilitadas de ser utilizadas por obstáculos administrativos, ausencia de seguros, placas o equipamiento. El contraste entre los vehículos abandonados en Lima y la necesidad urgente en localidades como Tacna, Piura, Abancay o Huánuco alimenta el reclamo de familiares y miembros de la Policía Nacional, quienes cuestionan la falta de celeridad en la entrega.
Vehículos nuevos sin operar, mientras regiones carecen de asistencia
En establecimientos de la PNP en todo el país escasean ambulancias y las que funcionan suelen encontrarse en condiciones críticas. Testimonios de agentes y familiares relatan que ante una emergencia, recurren al Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), a los bomberos o, como último recurso, a camionetas policiales adaptadas para trasladar heridos. El caso más reciente se produjo en San Juan de Miraflores, donde un suboficial víctima de un atentado no logró llegar a su domicilio con ayuda de una ambulancia policial, ya que el vehículo no pudo subir hasta la vivienda por falta de potencia y fallas en el motor. Finalmente, fue un vecino quien auxilió al agente en su propio automóvil.

Panorama similar se observa en Cañete y Pucallpa, donde los policlínicos cuentan con espacio pero no con las ambulancias que tanto necesitan. En Cerro de Pasco, una unidad Bertonatti Avantia de 2011 permanece inoperativa y oxidada, mientras una de las ambulancias nuevas también se encuentra sin uso, acumulando polvo en la capital. En Tumbes, una unidad se mantiene olvidada bajo techo, lejos de la atención médica que requiere la zona.
Contrato millonario y plazos incumplidos
La licitación para la compra de veinticinco ambulancias se realizó en 2024, bajo el mandato de Dina Boluarte. Los vehículos, evaluados en un total de 4.639.920 soles, fueron destinados a reforzar la sanidad policial en Lima y regiones como Juliaca, Trujillo, Iquitos, Cajamarca y Tingo María, entre otras. Según el contrato, suscrito el 10 de abril, el plazo de entrega no debía superar los sesenta días. Sin embargo, a fines de noviembre, ni una sola unidad había sido asignada a sus destinos originales.
El proveedor responsable de la entrega, Bertonatti Technologies S.A., debió culminar con todos los trámites para habilitar el uso de los vehículos, incluyendo placas, SOAT, capacitación y equipamiento. El retraso no sólo afecta la operatividad de la Policía Nacional sino que también pone en tela de juicio la aplicación de penalidades y la supervisión del proceso desde el Ministerio del Interior. Consultados por Punto final, directivos de la Oficina General de Administración y Finanzas del Mininter no ofrecieron declaraciones.
Falta de autorizaciones y gestiones pendientes

Al interior del hospital de Jesús María, técnicos y agentes confirman que las veinticinco ambulancias continúan estacionadas mientras se resuelven temas administrativos, como la obtención de SOAT y otros documentos necesarios para su circulación legal. La Dirección de Sanidad Policial, responsable de recibir los vehículos, indicó que la adquisición fue ejecutada íntegramente por el ministerio y que la distribución se realizará únicamente cuando los trámites estén completos.
Referentes policiales denuncian la falta de presupuesto para combustible, mantenimiento y personal calificado que ponga las unidades en marcha. La carencia de recursos y el retraso en los procedimientos han dejado sin respuestas a quienes dependen de una ambulancia para resolver emergencias o cubrir traslados urgentes.
Consecuencias sobre policías y ciudadanos ante la inacción
La demora en poner las ambulancias en funcionamiento ha dejado consecuencias directas sobre la atención médica tanto para policías como para la población civil. A diario, agentes afectados por accidentes o incidentes graves deben ser trasladados en condiciones inadecuadas, exponiéndose a nuevos riesgos. En varias zonas del país, unidades viejas y en desuso son lo único disponible, mientras las nuevas permanecen fuera de circulación.

En las provincias, el abandono de vehículos médicos se traduce en falta de auxilio y desprotección, evidenciando el impacto de las deficiencias administrativas en la seguridad y el acceso a la salud. A pesar del monto invertido y la urgencia de la demanda, no se han dado explicaciones públicas ni pasos concretos para habilitar la flota que, por ahora, permanece encerrada e inutilizada en pleno corazón de Lima.
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