La informalidad dejó de ser un fenómeno coyuntural y se ha convertido en un serio obstáculo para el desarrollo y la competitividad del país. Así lo advirtieron expertos nacionales e internacionales durante el II Foro de Informalidad “Perú Formal: Retos y soluciones para un futuro competitivo”, organizado por la Comisión de Competitividad de la Cámara de Comercio de Lima, donde se remarcó que este problema ya tiene rasgos estructurales.
Según cifras oficiales presentadas en el encuentro, el 71% de la población ocupada se mantiene en condiciones informales, mayormente en actividades de subsistencia, sin acceso a financiamiento, innovación tecnológica ni cobertura de protección social, lo que termina limitando el crecimiento económico y ampliando las brechas de desigualdad.
Informalidad: productividad baja y reglas que no ayudan
La presidenta de la comisión organizadora, Marisol León, sostuvo que la informalidad ya no puede verse como una forma de emprendimiento, sino como un sistema de baja productividad que se ha normalizado. “Debemos desromantizar esta narrativa que nos ha hecho tolerar lo intolerable”, enfatizó. Los trabajadores informales, remarcó, registran niveles de productividad entre seis y once veces menores frente al sector formal.
El comercio aparece como uno de los sectores más golpeados por este fenómeno: concentra el 33% de los negocios informales y presenta una incidencia superior al 86%. En total, se estima que existen 8,2 millones de unidades productivas en la informalidad, de las cuales 5,5 millones son no agropecuarias, y más del 52% están lideradas por mujeres.
A ello se suman las barreras para la formalización. Iniciar un negocio formal puede tomar hasta 71 días y demandar entre S/ 500 y S/ 1.500 solo en trámites, equivalente al 20% o 30% del capital inicial de muchos emprendedores. Además, se destinan más de 380 horas al año para cumplir con obligaciones administrativas. “Si queremos un país más formal, debemos rediseñar las reglas pensando en el comercio, con trámites simples, rápidos y proporcionales al tamaño del negocio”, añadió León.
Avance del oro ilegal y millonarias pérdidas fiscales
Otro de los puntos críticos abordados en el foro fue el crecimiento del comercio de oro ilegal. Los especialistas advirtieron que el Perú se ha convertido en el principal exportador informal de Sudamérica, con una participación del 44%. Para 2025, las exportaciones de oro sin trazabilidad podrían acercarse a los USD 12.000 millones, una cifra similar al total de envíos formales del metal.
Esta economía ilegal, señalaron, está vinculada al contrabando, lavado de activos, evasión tributaria y captura de territorios, y fluye hacia mercados como Dubái, Suiza, India y Estados Unidos ante la ausencia de un sistema sólido de trazabilidad. Como resultado, la pérdida fiscal anual supera los S/ 7.500 millones.
Durante el encuentro también se cuestionó la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). De los 8.000 inscritos, solo el 2% logró formalizarse, lo que ha llevado a considerar que el mecanismo funciona como un “salvoconducto” que frena la acción del Estado frente a la minería ilegal. Entre las propuestas figura su eliminación y el retorno a una ley específica para la pequeña minería y la minería artesanal.
Daño ambiental y aportes de la minería formal
El impacto ambiental de la minería ilegal fue otro de los ejes del foro. En Madre de Dios, por ejemplo, la pérdida de bosque primario supera las 30 mil hectáreas en apenas tres años, mientras que regiones como Loreto, Ucayali y Huánuco enfrentan procesos similares de degradación ambiental y afectación a las comunidades locales.
En contraste, la minería formal aporta alrededor del 9% del PBI nacional, genera más de 238 mil empleos formales y transfirió más de S/ 8.000 millones en canon y regalías durante el último año. No obstante, este sector también enfrenta serias amenazas como invasiones, extorsiones y paralización de proyectos por la débil presencia del Estado en zonas de operación.
Al cierre del evento, los especialistas coincidieron en la urgencia de cerrar brechas regulatorias, reformar el Reinfo, establecer la trazabilidad obligatoria del oro y simplificar los procesos de formalización empresarial. “El Perú no puede seguir siendo dos países: uno que cumple la ley y otro que opera al margen de ella”, concluyeron.
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