La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó por mayoría el informe que recomienda la inhabilitación del expresidente Pedro Castillo Terrones para toda función pública durante un periodo de diez años. El documento, sustentado en las denuncias constitucionales 547 y 575, atribuye al exmandatario la comisión de diversas infracciones constitucionales derivadas de los hechos ocurridos antes, durante y después del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La decisión, adoptada con 13 votos a favor y 6 en contra, deberá ser ratificada o rechazada próximamente por el Pleno del Congreso. El texto final sostiene que el exmandatario infringió dieciocho artículos de la Constitución peruana, relacionadas con la libertad personal, las obligaciones ciudadanas, el respeto a los límites del poder ejecutivo y la separación de poderes del Estado.
El documento aprobado establece que Castillo Terrones gestó y ejecutó un conjunto de acciones orientadas a cerrar arbitrariamente el Congreso y tomar control de otros poderes del Estado. En la relación de hechos se precisa que el expresidente realizó reuniones cuyo contenido nunca fue esclarecido y dio órdenes a su entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, para coordinar con TV Perú la cobertura del mensaje televisado donde anunciaría la disolución del Parlamento.
Además, se atribuye al exjefe de Estado la impartición de órdenes directas al entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Raúl Alfaro, con la finalidad de ejecutar el cierre del Congreso, restringir el ingreso de personas, intervenir el Ministerio Público y proceder con la detención de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Entre los artículos constitucionales señalados por la Comisión Permanente figuran los artículos 2 (incisos 11, 12 y 24, apartado f), 38, 39, 45, 51, 90, 93, 102, 104, 118, 134, 137, 138, 146, 150, 158, 201 y 206. El documento acusa a Castillo de imponer un estado de excepción y asumir funciones legislativas de manera irregular, además de ordenar la reorganización de instituciones autónomas sin respaldo legal.
Defensa de Pedro Castillo fue expulsada
Durante la sesión, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, presentó los fundamentos del informe final y el pedido de sanción. El abogado designado por Pedro Castillo, el excongresista Carlos Torres Caro, intervino para ejercer la defensa, aunque fue retirado del hemiciclo tras pronunciar frases consideradas ofensivas para el Parlamento.
“Son peruanos de abajo, como Pedro Castillo. Llenaron el Madison Square Garden hablando las mismas huevadas que ustedes”, manifestó Torres Caro refiriéndose a los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, antes de que el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, dispusiera su desalojo.
La defensa sostuvo que el expresidente no había contado con el tiempo suficiente para preparar sus argumentos y reclamó una afectación al derecho al debido proceso. El informe final también alcanza a exministros del gabinete, como Betssy Chávez, recientemente inhabilitada por diez años por el mismo proceso, y Willy Huerta, exministro del Interior, cuyo caso será debatido en fecha próxima.
El expresidente afronta además un juicio penal en curso por el presunto delito de rebelión relacionado con los actos cometidos el 7 de diciembre de 2022. Sentencia se conocerá el próximo jueves 27 de noviembre.
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