Trabajadores del INPE rechazan desaparición de la institución y amenazan con huelga nacional indefinida

El pronunciamiento del presidente de Transición, José Jerí, sobre el futuro del sistema penitenciario abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y el personal del Instituto Nacional Penitenciario. La autoridad informó que el Ejecutivo solicitó facultades al Congreso para iniciar un proceso que reemplazaría al INPE por una nueva entidad encargada del internamiento y la resocialización de personas privadas de libertad. La propuesta fue presentada como parte de un paquete de medidas para reforzar la seguridad ciudadana y combatir la criminalidad organizada.

El planteamiento tuvo repercusión inmediata dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios, cuyos integrantes expresaron rechazo a la eventual desaparición de la institución. Los dirigentes afirmaron que la reforma anunciada representa un riesgo para la estabilidad laboral del personal penitenciario y advirtieron que, de no obtener una rectificación o un diálogo directo con el Ejecutivo, adoptarán medidas de presión en todos los establecimientos penitenciarios del país.

Anuncio del Ejecutivo y pedido de facultades al Congreso

Durante una entrevista para Panamericana, el presidente Jerí declaró que el INPE dejaría de existir tal como se conoce hoy, debido a la implementación de una reestructuración integral que forma parte del proyecto remitido al Parlamento. El Ejecutivo solicitó autorización para legislar en materia de seguridad, lo que incluye la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, organismo que asumiría las funciones actualmente desempeñadas por el INPE.

La medida fue presentada como una respuesta a las deficiencias arrastradas por décadas en la administración penitenciaria. Según el mandatario, el cambio permitiría modernizar la gestión, enfrentar mejor la corrupción y fortalecer los mecanismos de control en los penales. Sin embargo, la iniciativa fue interpretada por los trabajadores penitenciarios como una decisión abrupta que no considera el impacto directo en quienes operan a diario dentro de las cárceles del país.

Reacciones del sindicato ante riesgo laboral y modelo planteado

El secretario general del sindicato, Julio César Burga, cuestionó la visión del Gobierno sobre el manejo interno de los penales y advirtió que la reestructuración propuesta podría provocar despidos masivos. Sostuvo que el personal siente preocupación por la falta de claridad sobre su futuro y afirmó que el plan no garantiza la permanencia de los trabajadores dentro de la nueva estructura que impulsa el Ejecutivo.

Los dirigentes también rechazaron la posibilidad de que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional ingresen nuevamente a tareas de control dentro de los penales, una idea que temen sea parte del rediseño institucional. Recordaron que, en etapas pasadas, la administración policial de los centros penitenciarios estuvo marcada por graves fallas en seguridad, así como por el ingreso de armas y objetos prohibidos. Por ello, señalaron que cualquier modificación debe mantener el foco en la resocialización y proteger la institucionalidad desarrollada por el INPE en los últimos años.

Cuestionamientos sobre designaciones y administración actual

Otro punto observado por el sindicato tiene relación con el sistema de nombramientos. Bajo el modelo vigente, el Ministerio de Justicia designa al presidente del INPE, quien, a su vez, escoge a los directores de los 69 establecimientos penitenciarios del país. Todos estos puestos son considerados cargos de confianza. Según el gremio, este mecanismo ha permitido arbitrariedades y prácticas irregulares en la designación de autoridades dentro de los penales.

Los representantes señalaron que los puestos de dirección deben tener un carácter meritocrático con el fin de evitar que las designaciones a dedo favorezcan redes de influencia o actos de corrupción. Afirmaron que un proceso de selección transparente es fundamental para mantener la integridad de la institución y evitar que personas sin experiencia o presionadas por compromisos externos terminen al mando de los penales.

Medidas anunciadas por el gremio penitenciario

Tras conocerse las declaraciones del presidente Jerí, el sindicato convocó una reunión de emergencia para definir acciones de protesta. Los trabajadores evaluaron inicialmente realizar un plantón en el frontis del Ministerio de Justicia, aunque el pedido de sus bases elevó la medida. Según Burga, la propuesta más respaldada es la paralización total de labores este miércoles en todos los establecimientos penitenciarios del país.

El dirigente indicó que, si no se evidencia un cambio en las reformas planteadas o no se instala una mesa de diálogo con el presidente de la República, el gremio se declarará en huelga nacional indefinida. Añadió que los trabajadores se consideran amenazados y amedrentados por una reestructuración que podría dejarlos fuera de la nueva entidad anunciada por el Ejecutivo, motivo por el cual exigen garantías y claridad sobre su situación laboral antes de que el Congreso apruebe las facultades solicitadas.

Sustento del proyecto en el Congreso

Mientras el sindicato acordaba sus primeras medidas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, acudió a la Comisión de Constitución del Congreso para sustentar el pedido de facultades legislativas. En su presentación, expuso que la reorganización del sistema penitenciario forma parte de un esfuerzo mayor por fortalecer la lucha contra el crimen organizado, debido a la influencia que mantienen diversas organizaciones criminales dentro de establecimientos penitenciarios.

El ministro afirmó que el Gobierno continuará defendiendo el proyecto y que la reforma es necesaria para mejorar la administración del sistema carcelario. Sin embargo, las declaraciones no redujeron la preocupación entre el personal penitenciario, que considera que la iniciativa no ha sido socializada adecuadamente y podría afectar directamente la estabilidad de miles de trabajadores que mantienen operativas las cárceles del país.