La Fiscalía de Derechos Humanos y contra el Terrorismo formalizó la acusación contra Víctor Polay Campos, exlíder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), solicitando la pena máxima por los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado. La audiencia de control de acusación se realizará en los próximos días, en el marco del expediente conocido como caso “Las Gardenias”.
El requerimiento fiscal incluye además la solicitud de 18 meses de prisión preventiva, con base en los crímenes cometidos contra integrantes de la comunidad LGTBI en la región San Martín entre 1989 y 1992. Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido dentro de una política de “limpieza social” aprobada por el Comité Central del MRTA en 1988, cuyo objetivo era eliminar selectivamente a personas consideradas “indeseables” por la organización.
Acusación formal contra Polay y otros miembros del MRTA
La Fiscalía señala que Víctor Polay lideró, junto con otros integrantes del Comité Central del MRTA, la planificación de los crímenes. Entre los acusados se encuentran María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García, todos en calidad de autores mediatos por su participación en homicidios y actos terroristas.
El material probatorio recopilado por los fiscales detalla que estas personas ejecutaron a ocho hombres en la discoteca ‘Las Gardenias’, ubicada en Tarapoto, en mayo de 1989. Los informes reconstruyen las circunstancias de los asesinatos y subrayan que se trataría de acciones coordinadas bajo la política de exterminio del MRTA contra la comunidad LGTBI.
Crímenes documentados en San Martín
La acusación también incluye los homicidios de Luis Pinchi, Silvano Vela y Salomón Pérez, perpetrados entre 1990 y 1992. Pinchi, estilista reconocido en Tarapoto, fue asesinado como parte de la misma política de “limpieza social” implementada por el grupo subversivo.
Durante los años siguientes, la organización ejecutó a Vela y Pérez bajo motivos relacionados con su orientación sexual. La Fiscalía sostiene que estas acciones formaban parte de un plan sistemático para eliminar personas consideradas “inapropiadas” y consolidar el control del MRTA en la zona.
Medidas solicitadas por la Fiscalía
Además de la cadena perpetua, la Fiscalía pidió prisión preventiva por 18 meses para asegurar la presencia de los acusados mientras se desarrollan las etapas previas al juicio oral. Según los fiscales, esta medida se justifica por la gravedad de los delitos, el riesgo de fuga y la posibilidad de interferencia en la investigación.
Los argumentos presentados destacan la necesidad de garantizar el avance del proceso judicial, proteger a los testigos y asegurar que los imputados respondan ante los tribunales por los crímenes cometidos hace más de tres décadas.
Compromiso con los derechos humanos y reparación
La Fiscalía enfatiza que la acusación busca no solo sancionar a los responsables, sino también garantizar justicia para las víctimas y sus familiares. La medida busca dar respuesta a crímenes de odio cometidos por razones de orientación sexual y reafirma el compromiso del Ministerio Público con la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
El control de acusación permitirá que el tribunal revise la solidez del requerimiento fiscal y evalúe si los elementos presentados justifican las penas solicitadas, incluyendo la cadena perpetua y la prisión preventiva. La audiencia está programada para el 28 de noviembre y será clave para definir el desarrollo del caso “Las Gardenias”.
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