El titular del Presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, negó que el Ejecutivo busque aplicar una “ley mordaza” que limite la labor de la prensa, en respuesta a la polémica generada por la propuesta para incorporar sanciones penales a la revelación de información reservada en el marco de investigaciones fiscales y policiales.
En una entrevista concedida a RPP, el jefe del Gabinete descartó que exista intención de criminalizar el trabajo periodístico, y afirmó que el objetivo de la medida apunta a evitar la impunidad en los procedimientos judiciales y policiales y no a restringir la libertad informativa.
El debate surgió a partir del pedido oficial del Gobierno al Congreso para delegar facultades legislativas por 60 días en temas de seguridad ciudadana, crimen organizado, crecimiento económico y fortalecimiento institucional. Una de las medidas incluidas en el documento propone modificar el Código Penal, con el objetivo de sancionar a quienes revelen información considerada reservada durante investigaciones penales o actuaciones policiales, lo que generó reclamos inmediatos de gremios periodísticos y especialistas que advierten posibles riesgos para la labor periodística.
Al respecto, el primer ministro remarcó que la propuesta tiene como finalidad sancionar a “personas que alertan a los investigados o a aquellas que deben ser detenidas por la fuerza pública”, y que logran escapar de la justicia gracias a la intervención de mandos policiales, judiciales o personas con acceso a información sensible.
“No existe ninguna voluntad de atacar o indisponerse con la prensa, por el contrario. Cuando tengamos que redactar el decreto legislativo, vamos a convocar a periodistas para que revisen los borradores y puedan hacer sus sugerencias y recomendaciones”, aseguró.
“No estamos hablando de la labor legítima de las unidades de investigación de la prensa. Para nosotros la prensa es un aliado en esta lucha contra el crimen”, agregó Álvarez Miranda, quien también precisó que la sanción penal está dirigida a quienes, desde alguna posición en la función pública, filtran datos que pueden poner en riesgo operativos o favorecer la fuga de investigados.
El presidente de la República, José Jerí, también se pronunció sobre la controversia. En entrevista con El Comercio, rechazó las versiones de que la iniciativa busque afectar la libertad de prensa y defendió el derecho del Estado a proteger información confidencial vinculada a la seguridad y a investigaciones de crimen organizado. “Siempre he defendido la libertad de expresión, la independencia periodística. Que no se sienta que estamos actuando en contra de la prensa”, indicó.
¿Qué pide el proyecto?
El proyecto presentado al Congreso solicita autorización para que el Gobierno pueda emitir medidas legislativas en 22 materias diferentes. La parte referida a la divulgación de información reservada incluye la creación de un nuevo delito y la posibilidad de imponer inhabilitación en caso de condena.
El texto no presenta delimitaciones claras sobre el alcance de la reserva ni mecanismos de protección específicos para los periodistas, por lo que organizaciones como la ANP han insistido en que un mal diseño normativo podría restringir el acceso a información de interés público y debilitar los controles ciudadanos frente a la corrupción y el abuso de poder.
El debate sobre la posible afectación a la libertad de prensa revive discusiones recientes. Proyectos similares ya habían sido impulsados durante las gestiones de Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte, sin resultados sostenibles. El abogado penalista Andy Carrión subrayó en diálogo con La República que, al incluir el término “difusión” en el marco del delito, el texto propuesto podría dirigirse incluso a quienes publiquen contenido en plataformas digitales o a quienes repliquen publicaciones, generando un efecto disuasorio en la labor periodística.
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