Rutas de Lima: Corte Federal de EEUU autoriza discovery contra Brookfield para investigar origen de los fondos de la concesión

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York emitió una de las órdenes de “discovery” más amplias en la historia judicial de Estados Unidos, en el marco del caso sobre el origen y financiamiento de la concesión Rutas de Lima.

Esta decisión autoriza al Estado Peruano a solicitar información financiera en Estados Unidos mediante citaciones a registros bancarios y de compensación pertenecientes a Brookfield Asset Management, Scotiabank, KPMG, varios bancos internacionales, así como el sistema de compensación CHIPS y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

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Con esta medida, la MML busca reconstruir el flujo de fondos entre 2013 y 2016 —periodo que coincide con la operatividad de Odebrecht y la adquisición de participación mayoritaria de Brookfield en la concesión— para identificar posibles pagos indebidos, transferencias sospechosas o movimientos irregulares vinculados al contrato, un acceso inédito para una investigación anticorrupción en Perú.

La corte federal fundamentó su decisión en la urgencia creada por el proceso penal en curso contra la exalcaldesa Susana Villarán y reconoció el interés público legítimo de obtener información bancaria clave. Las órdenes de discovery, contempladas en el sistema judicial de Estados Unidos, permiten la recolección formal de evidencia bajo las reglas federales desde 1938, asegurando que ambas partes puedan sustentar sus alegatos con datos documentales y testimoniales durante el litigio.

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En paralelo a la investigación penal y el acceso a información bancaria internacional, el conflicto por la concesión Rutas de Lima continúa escalando. A inicios de 2025, Brookfield —matriz de la concesionaria— activó un proceso arbitral internacional ante el CIADI, con base en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú, reclamando una compensación de aproximadamente 2.700 millones de dólares. Brookfield argumentó que existieron acciones arbitrarias estatales, como la suspensión de peajes en la Panamericana Norte, atribuidas a la Municipalidad de Lima, el Tribunal Constitucional y otras autoridades.

Uno de los hitos recientes en el caso fue la orden del Poder Judicial para suspender los peajes de Villa y Punta Negra tras una demanda de habeas corpus de la Municipalidad de Santa María del Mar, medida que se revirtió una semana después, permitiendo retomar el cobro. El 1 de octubre, la empresa Rutas de Lima SAC, encargada de la recaudación de peajes en la capital, anunció su proceso de liquidación, responsabilizando a la Municipalidad, el Poder Judicial y el Estado peruano. La liquidación fue aprobada en la Junta de Accionistas el 29 de septiembre, bajo la Ley General de Sociedades.

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Cabe recordar que, en junio pasado, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, comunicó que la gestión municipal evaluaría nuevas estrategias legales frente a Brookfield, después de que la MML sufriera una derrota judicial en Washington D.C., donde la Corte de Apelaciones confirmó dos laudos arbitrales favorables a la operadora de los peajes por cerca de 200 millones de dólares.

El conflicto se remonta al contrato inicial firmado en 2013 bajo la gestión de Villarán. La MML sostiene que dicho acuerdo fue producto de corrupción y ha alegado sobornos y fraude en las instancias arbitrales, aunque los tribunales estadounidenses descartaron esa relación directa y desestimaron la existencia de daño por los denominados “Contratos Meiggs”. El acceso a información bancaria internacional se presenta ahora como un as bajo la manga para la gestión del alcalde Renzo Reggiardo para esclarecer presuntos flujos ilícitos y determinar la transparencia de los procesos.