
La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, declaró que iniciará una querella formal contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ante su negativa a rectificarse. La confrontación entre ambas figuras escaló luego de que el fujimorista no atendiera la carta notarial en la que califica de difamatorias las declaraciones del legislador.
“Es público que el señor me ha difamado y ha afectado mi honorabilidad. Se le ha pedido, vía carta notarial, que se rectifique, pero, lamentablemente, ha reincidido en seguir tratándome de ‘filoterruca’ o, perdón, aliada del terrorismo. Esperamos que se rectifique públicamente y retire las palabras ofensivas dirigidas a una dama. Pero si no lo hace, tendremos que presentar formalmente una querella”, expresó a la prensa desde los exteriores del Poder Judicial.
La carta notarial enviada exigía que el congresista retire públicamente sus declaraciones en los mismos medios donde declaró y cese en sus comentarios lesivos a la imagen de la magistrada. Sin embargo, el fujimorista reafirmó su postura en sus redes sociales tras recibir la notificación legal.
En un mensaje publicado en X (antes Twitter), Rospigliosi calificó a Espinoza como “ex fiscal gatillo fácil” y sostuvo que ella “usó el enorme poder que tenía política y prevaricadoramente y ahora pretende regresar para seguir haciendo lo mismo”. Incluso, aseguró que las acciones legales de Espinoza constituyen una persecución contra quienes la critican. “No descansa persiguiendo a quienes la critican. Basta ya. La Junta Nacional de Justicia debe hacerse respetar y no permitir que siga destruyendo lo que queda de la fiscalía”, expresó.

No es la primera vez
No se trata de un hecho aislado. En julio de este año, la entonces fiscal de la Nación envió una carta notarial al congresista Rospigliosi por llamarla “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”.
La abogada alegó que las declaraciones afectan su dignidad personal, su reputación profesional y dañan la legitimidad institucional del Ministerio Público. Además, advirtió que, de no cumplirse el pedido de rectificación, iniciará las acciones legales correspondientes. Subrayó que las afirmaciones de Rospigliosi “tergiversan la labor constitucional” del Ministerio Público y calificó los señalamientos como “falsos y ofensivos”.
“Estas imputaciones, carentes de sustento y difundidas de manera irresponsable (…) constituyen ilícito penal que no solo afecta mi dignidad personal y reputación profesional, sino que socava la legitimidad institucional del Ministerio Público”, advirtió Espinoza en su escrito.
No obstante, Rospigliosi respondió entonces con un escrito donde se negó a rectificarse, sosteniendo que sus palabras se inscriben en el derecho a la libertad de expresión y forman parte del escrutinio legítimo hacia los funcionarios públicos.

Además, mencionó: “Ella se reunió con la “Organización nacional de mártires y víctimas 2022-2023” (típica fachada de subversivos) para apoyarlos y jactarse de que está procesando a cientos de policías y militares que evitaron que las violentas hordas terroristas y delincuenciales repusieran al golpista Pedro Castillo e instauraran una dictadura en el Perú“.
A la confrontación se sumó el partido Fuerza Popular, el cual emitió un comunicado respaldando las declaraciones del legislador. “En democracia, las ideas se debaten, no se persiguen. Pretender judicializarlas es una señal peligrosa que debe preocuparnos a todos”, mencionaron.
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