Un debate que afectará tu bolsillo cada vez que prendas la luz

Parece un tema técnico y lejano, pero el monto que pagarás por tu recibo de luz se está decidiendo ahora mismo, debido a que el Ministerio de Energía y Minas ha propuesto un reglamento para la Ley 32249 que podría cambiar, radicalmente, cómo se contrata la energía en Perú. Así como lo lee, amable lector.

En el fondo, este es un debate sobre quién debe tomar las decisiones clave, es decir, si deben ser las empresas distribuidoras o debe ser el regulador del sector energía, que es OSINERGMIN.

La propuesta de reglamento ha levantado alertas porque, en lugar de simplificar y promover la competencia en el sector, podría complicar la situación de los distribuidores y usuarios de la luz eléctrica, haciendo que OSINERGMIN pase a tener un rol que va más allá de regular y supervisar el mercado, tomando decisiones de largo plazo que antes le correspondían a las empresas distribuidoras; esto haría que sea más complicado ampliar el número de usuarios que puede decidir sobre su proveedor de energía.

Un aspecto que no se está considerando es que antes el mercado regulado —usuarios residenciales y de negocios pequeños— representaba el 60% de la demanda eléctrica, mientras que los grandes usuarios representaban el 40%. Sin embargo, esto se ha revertido y ahora los grandes usuarios representan aproximadamente el 60% de la demanda, y la tendencia es que sigan incrementando su peso en el mercado. Esta situación hace que el riesgo de sobrecontratación de los distribuidores, para abastecer la demanda del mercado regulado, sea alto y más si es el regulador y no la empresa encargada de brindar el servicio quien toma la decisión sobre cuánto contratar.

Los distribuidores eléctricos se encontrarían en una situación complicada, ya que se propone transferir al regulador la mayoría de las decisiones estratégicas para la contratación del suministro eléctrico que antes les correspondían a ellos, incluyendo la definición de los programas de licitaciones, la proyección de la demanda regulada y la estructura de sus contratos. En este escenario los distribuidores eléctricos podrían verse obligados a adquirir cantidades fijas de potencia que no se necesitan. Al final, esta ineficiencia terminaría perjudicando al consumidor final, aumentando sus gastos mensuales o reduciendo la calidad del servicio eléctrico.

Por ejemplo, uno de los mayores riesgos del reglamento es la propuesta para realizar licitaciones por bloques horarios por separado, sin considerar la opción que en conjunto ofrezca los menores costos, lo que permitiría que las distribuidoras que llevan la luz a los hogares contraten algunos bloques a precios relativamente bajos, y otros bloques a precios muy altos; lo que se reflejaría, de manera negativa, en tu recibo eléctrico.

Además, el reglamento permite al regulador determinar si se da prioridad a los proyectos nuevos, dándoles ventaja respecto a la generación ya instalada. Esto no solo es potencialmente discriminatorio, sino que podría debilitar la seguridad del suministro si los nuevos proyectos de generación son de naturaleza intermitente.

La solución no es que el Estado asuma todas las decisiones, sino fortalecer el modelo de mercado. OSINERGMIN debería supervisar y garantizar la transparencia, pero sin reemplazar el rol de las empresas. El objetivo debe ser un modelo equilibrado que fomente la competencia, respete la iniciativa privada y garantice un servicio eléctrico seguro y a un precio justo para todos los peruanos. Sería saludable que las autoridades replanteen la reglamentación propuesta y escuchen las voces que abogan por el bienestar del consumidor.