La Procuraduría General del Estado solicitó al Poder Judicial su inclusión en el proceso penal contra el expresidente Francisco Sagasti y se admita como monto provisional de reparación civil la suma de 400 mil soles.
Dicha suma, en caso de que Sagasti sea hallado responsable civilmente, tendría que ser cancelada junto a sus coprocesados, los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice.
En el documento al que accedió Infobae, la PGE no precisa cómo calculó el monto de la eventual reparación civil. Únicamente se precisa que esta busca resarcir el “daño a la buena imagen” del Estado.
Este proceso penal fue promovido por un sector del Congreso contra el exmandatario y los extitulares del Mininter por presunto abuso de autoridad. Esto por supuestamente haber dispuesto de manera arbitraria e ilegal el pase al retiro tenientes generales y generales de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Según la acusación del Parlamento, Sagasti habría incurrido en el referido delito al pasar al retiro al entonces comandante general de la PNP Orlando Velasco Mujica y nombrar como su reemplazo a César Cervantes.
La designación de Cervantes motivó el pase al retiro de 2 tenientes generales y 16 generales toda vez que ocupaba el puesto 18 en el escalafón policial.
Los tenientes generales PNP cesados fueron Jorge Alejandro Lam Almonte y Herly William Rojas Liendo, mientras que los generales PNP retirados fueron José Saturnino Céspedes Aguirre, Jorge Luis Gutiérrez Senisse, Luis Beltrán Pantoja Calvo, Alexis Rafael Bahamonde Chumpitaz, Julio Díaz Zulueta, Yohanim Oswaido Chuquillanqui Ospina, Jesús Moisés Ríos Vivanco, Lorenzo Julio Granados Ticona, Roger Marino Calongos Aguilar, Eswin Alexander Manay Guerrero, Alejandro Washington Oviedo Echeverría, Lucas Leoncio Núñez Córdova, Mario Fernando Arata Bustamante, César Augusto Benitas Legoas, Carlos Noe Guillen Enríquez y Juan Carlos Sotil Toledo.
“Descabezamiento”
La Procuraduría afirma que la decisión de Francisco Sagasti de pasar al retiro a generales y tenientes generales PNP causó un “perjuicio grave en la institucionalidad de la Policía” porque, dice, “se habría producido de manera abusiva y arbitraria el descabezamiento de los altos mandos policiales con grave mella de su dignidad”.
“No solo de los oficiales perjudicados, sino de la propia institución policial, y ello repercute en la imagen del Estado peruano”, se lee en el escrito al que accedió Infobae.
En esa misma línea, la PGE afirma que el pase masivo al retiro generó “inestabilidad y desconfianza” en la población. Afirman que se desacreditó internacionalmente la imagen del país porque fue cubierto por la prensa local y extranjera.
Incluso se reprocha la supuesta actuación ilegal de Sagasti cuando “el Estado invierte recursos económicos para ganarse la confianza, por ejemplo, cuando creó la ‘marca país del Perú’”.
Rechazan pretensión
El abogado de Francisco Sagasti, Carlos Rivera, presentó un escrito oponiéndose a la pretensión de la Procuraduría. Sostiene que el exmandatario actuó conforme a ley porque la norma de la Policía permitía que se designara como comandante general a un general de menor antigüedad. También rechazan los argumentos de la Procuraduría, calificándolos como “políticos” y “gaseosos”.
La audiencia donde se evaluará el pedido de incorporación de la PGE en un inicio se iba a realizar el lunes 17 de noviembre; no obstante, fue reprogramada para el 19 de noviembre a las 9:30 de la mañana.
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