
Se realizó un nuevo megaoperativo simultáneo en los 68 penales del país, según confirmó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Autoridades desplegaron cerca de mil agentes penitenciarios y personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) desde las 15:00 horas del 14 de noviembre, en el contexto de la declaración de estado de emergencia y la lucha nacional contra la extorsión.

Revisión minuciosa en pabellones y celdas
El megaoperativo impulsado por Iván Paredes Yataco, presidente del INPE, consistió en la inspección celular y revisión exhaustiva de cada pabellón, celda, espacios comunes, cocinas, baños y pertenencias de los internos en todos los penales del país.
Las autoridades también efectuaron controles personales, siguiendo protocolos de seguridad establecidos para reducir riesgos.
Durante estas intervenciones, los equipos del GOES desinstalaron conexiones eléctricas irregulares instaladas en las celdas, una acción que busca impedir cualquier intento de coordinación ilícita desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
“Buscamos eliminar todo ilícito que pudiera dirigirse desde alguna cárcel del país”, declaró el presidente del INPE, según una comunicación recogida por El Peruano.
La operación alcanzó una cobertura nacional simultánea, involucrando a los principales complejos penitenciarios y centros de detención transitoria, en un esfuerzo coordinado que no tiene precedentes recientes en el país.
Los resultados incluyeron la incautación de 14 celulares, 3 routers repetidoras y 358 ketes de droga, así como otros objetos prohibidos.
Desde julio, los operativos del INPE han derivado en la confiscación de 775 celulares y 2.951 armas punzocortantes, demostrando la magnitud del desafío en materia de seguridad carcelaria, reportó El Peruano.

Operativos recurrentes y fortalecimiento institucional
El INPE ha ejecutado un total de 2.761 requisas en los penales peruanos desde mediados de año, enfocando la estrategia institucional en mantener el control y fortalecer el principio de autoridad.
Esta labor diaria ha puesto el foco en erradicar actividades extorsivas organizadas desde las cárceles, además de cortar las vías utilizadas para sostener el crimen organizado.
El comunicado del INPE remarcó que “este procedimiento forma parte de la política nacional para garantizar la seguridad ciudadana y disuadir todo acto delictivo vinculado a la extorsión, el sicariato y otras manifestaciones del crimen organizado”, en medio del estado de emergencia decretado para Lima Metropolitana y Callao.
Las acciones del megaoperativo incluyeron la inmediata suspensión de conexiones eléctricas clandestinas, factor clave para obstaculizar la planificación de delitos desde el interior de las prisiones.
El protocolo adoptado contempló el registro de cada celda e internado, así como la revisión minuciosa de elementos electrónicos y sustancias prohibidas.
El control y supervisión se desarrolla de manera continua para garantizar la tranquilidad de la población peruana, informaron desde la institución penitenciaria, mientras los operativos buscan establecer una barrera frente a los delitos que parten de los penales.
La estrategia del INPE contempla expandir el modelo de megaoperativos y reforzar los mecanismos de seguridad interna en los 68 penales, como vía para blindar el sistema de posibles redes criminales. El esfuerzo apunta a consolidar el rol institucional y la vigilancia permanente, con el objetivo de neutralizar la extorsión en el país.
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