La situación legal de Keiko Fujimori suma un nuevo capítulo. El expediente al que accedió Hildebradnt en sus trece demuestra que la lideresa de Fuerza Popular está siendo investigada por el presunto delito de financiamiento ilícito de partidos políticos. Esta vez, la investigación no está a cargo del fiscal José Domingo Pérez, sino que recae en la Primera Fiscalía contra el Lavado de Activos, bajo la dirección de Manuela Villar Ramírez.
El documento, de 186 páginas, detalla el supuesto ingreso de dinero de origen desconocido a través de sobres y aportes no declarados. La fiscal sostiene que la organización liderada por Fujimori utilizó estructuras partidarias con el propósito de canalizar y legitimar estos fondos.
“La organización criminal liderada por Keiko Sofía Fujimori Higuchi, que participó en las elecciones presidenciales en el 2021, permitió que ingrese al dominio patrimonial de Fuerza Popular dinero de origen desconocido –bajo aportes anónimos, aportantes falsos u otros modelos– y habría permitido que se ejecute dinero de fondos públicos para fines distintos a los fijados por ley”, se lee en el escrito.
Según fuentes del semanario, la hipótesis fiscal es “muy sólida”. El objetivo del Ministerio Público es presentar una acusación en un plazo de seis meses contra los principales dirigentes de Fuerza Popular.
La cúpula partidaria bajo investigación
El expediente identifica a seis imputados en este caso: Keiko Fujimori, Miguel Ángel Torres, Luis Galarreta, Karina Beteta, Milagros Takayama y Lindman Miranda Zamalloa. Todos cumplen o han cumplido funciones directivas en la estructura de Fuerza Popular y, según el Ministerio Público, tuvieron acceso a la administración de los fondos cuestionados.
Entre los hallazgos principales, la fiscal Villar indica que el partido utilizó recursos públicos, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para financiar la campaña de 2021. “Ha encontrado Villar que Fuerza Popular utilizó S/ 1.6 millones del dinero que recibió de la ONPE para la campaña electoral de Fujimori. Eso está prohibido. El dinero público es para fortalecer los partidos, no para pagar la carrera electoral de sus líderes”, detalla el expediente.
Además, se detectó una presunta recaudación ilícita de S/ 1 258 708 entre el 9 y el 30 de julio, ya concluida la campaña, monto que se destinó a acciones para desconocer la victoria de Pedro Castillo y sustentar recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “Se atribuye a Keiko Fujimori haber tenido conocimiento, control y decisión directa sobre la captación, uso y disposición de estos recursos, los cuales fueron por decisión suya o bajo su dirección, para realizar pagos con apariencia legal y ocultar el verdadero origen del dinero”, expone la fiscal.
Investigan a aportantes
El equipo de la fiscal incluyó en la investigación testimonios de aportantes que negaron haber financiado la campaña. Fabiola Menchor negó los S/ 11 mil que el fujimorismo anotó en el reporte a la ONPE. Lo mismo dijeron Katherin Torres Montalván, Omar Moreyra Moreyra y Stephan Reusche Ciriani, quienes negaron haber dado S/ 5.500, S/ 3.300 y S/ 3.200, respectivamente.
Según Hildebrandt en sus trece, el rastreo bancario identificó que las finanzas personales de varios presuntos donantes no coinciden con los montos reflejados. Están los casos de Alejandro Saldarriaga León, quien figura con un aporte de S/ 18 mil 350 a pesar de tener un sueldo mensual de S/ 4.000 como chofer, y Edwin Tuesta, atribuido con S/ 9.000 pese a percibir S/ 2.000 al mes.
En el expediente aparecen listados los principales aportantes que sí reconocen las entregas, como David Chlimper Ackerman (S/ 96 mil), Erick Valve Saavedra (S/ 84 mil) y Germán Kruger Peschiera (S/ 60 mil 500). Además, nueve personas admitieron haber entregado sobres con dinero, entre ellos está Franco Montiel Ibarguren, quien declaró haber entregado personalmente un sobre amarillo con dinero en el local de Fuerza Popular como parte del apoyo para cubrir gastos de campaña, según el expediente. También se encuentra Álvaro Guillermo Estrada Briceño, quien reconoció haber entregado S/ 30 mil en efectivo, que posteriormente fue reportado como ‘aporte en especies’.
Como parte de la estructura de encubrimiento, la fiscal indica que las operaciones de ingreso y salida de recursos no fueron reflejadas en libros contables ni cuentas bancarias en tiempo real. “Estas operaciones denotan una estrategia deliberada de ocultamiento, al evitar los canales bancarios y controles de la ONPE, generando así una opacidad estructural sobre la verdadera fuente de los fondos”, concluye.
La ONPE confirmó que se aplicó una multa de S/ 23 mil a Fuerza Popular por no bancarizar ingresos y S/ 73 mil 600 por no contar con libros contables. Durante la indagación del Ministerio Público, Keiko Fujimori eligió no responder a las preguntas de la fiscalía, indica el medio.
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