Puno, el nuevo epicentro de la guerra por el oro: comunidad fue desplazada por hombres armados

Centenares de personas de la comunidad campesina de Huanchicani, en el sur del país, han tenido que abandonar sus tierras tras un ataque armado perpetrado por delincuentes que emplearon armas de guerra y explosivos, con el objetivo de tomar el control de zonas ricas en minerales. Las familias desplazadas buscan refugio en localidades cercanas mientras los agresores restringen el acceso e imponen su presencia mediante la violencia.

La incursión violenta forzó el éxodo de la población local. Reportes de testigos indican que los atacantes, fuertemente armados, no dudaron en disparar a corta distancia para consolidar su dominio en la zona. El nivel de intimidación incluye el patrullaje en los principales accesos y la instalación de retenes, bloqueando a quienes intentan retornar a sus casas. Los afectados relataban escenas de huida y destrucción mientras abandonaban sus viviendas para salvar sus vidas.

La motivación detrás de estos crímenes se relaciona con la calidad mineralógica del territorio. Las tierras de Huanchicani contienen oro y otros minerales con alta cotización en el mercado internacional. De acuerdo con Federico Chávarry, de la Fiscalía Provincial Especializada de Materia Ambiental de Puno, la minería ilegal mueve aproximadamente doce mil millones de dólares anualmente en Perú. A esto se suma el dato de que el valor del kilo de oro alcanzó los cuatrocientos treinta y dos mil soles en 2025, un aumento del cuarenta por ciento respecto al año anterior, factor que incrementó la presión de grupos criminales para controlar estos espacios.

En años recientes, el fenómeno de la minería ilegal y la violencia asociada se expandió a varias regiones. El caso más recordado ocurrió hace solo unos meses en Pataz, donde se reportaron trece mineros secuestrados y asesinados. Sus ejecutores grabaron los hechos para disuadir cualquier intento de resistencia local. Ahora, el sur del país enfrenta una dinámica similar con tácticas de amedrentamiento que incluyen la restricción de tránsito sobre el río, paso necesario para la actividad agrícola y minera local. “No temen disparar a los habitantes que intenten acercarse”, manifestó un dirigente desplazado.

La escalada de violencia coincide con el crecimiento de redes dedicadas a la minería ilegal, actividad que no solo financia estructuras armadas, sino que comienza a manifestar su influencia en el ámbito político. Autoridades elegidas en zonas mineras enfrentan cuestionamientos sobre sus posibles vínculos o permisividad hacia organizaciones vinculadas a la extracción no autorizada. En plena antesala de un proceso electoral, algunos dirigentes advierten que los intereses ilícitos buscan representación institucional mediante candidatos afines.

La crisis de seguridad en regiones como Huanchicani refleja una conjunción de intereses criminales en torno a recursos minerales, la ausencia de control estatal y el desplazamiento forzado de comunidades. Mientras tanto, la población expulsada permanece a la espera de respuestas para el retorno seguro a sus tierras y la garantía de sus derechos fundamentales.

Emergencia ambiental

El Gobierno Regional de Puno declaró la situación de emergencia ambiental en el departamento debido al crecimiento de la minería ilegal e informal, especialmente en las provincias de Carabaya, Sandia, San Antonio de Putina, Azángaro, Huancané, Lampa y Melgar. La ordenanza regional, publicada el 23 de octubre de 2025, dispone la activación de mecanismos inmediatos de control ambiental, priorización de la remediación en áreas impactadas y protección de la salud pública. En un plazo máximo de sesenta días, la Gerencia Regional de Autoridad Ambiental, la Dirección Regional de Energía y Minas y la Dirección Regional de Salud deberán presentar el Plan de Acción Ambiental Regional de Emergencia para atender esta problemática.

El aumento del precio internacional del oro ha intensificado la expansión de la minería ilegal en la región. Edwin Chambilla Palomino, director regional de Energía y Minas, informó que solo poco más de cinco mil mineros están inscritos en el Reinfo, mientras que el resto opera fuera de la ley. Chambilla solicitó al Congreso aprobar la Ley MAPE, que busca facilitar la formalización y asistencia técnica a pequeños mineros, permitir la intervención de los gobiernos regionales y responder a la diversidad de realidades mineras presentes en el país.