La rutina en el penal de Arequipa Varones siguió su curso durante la mañana, hasta que un control ordinario alteró la calma del recinto. Los agentes del Instituto Nacional Penitenciario revisaron a un docente del Centro de Educación Técnico Productiva que ingresó al establecimiento para cumplir funciones programadas. La verificación corporal, que forma parte de los protocolos internos, reveló un indicio inusual que encendió las alertas del personal.
Uno de los relojes que el visitante llevaba presentó señales inusuales al ser manipulado. El equipo de seguridad decidió abrir el dispositivo para descartar cualquier irregularidad y, en cuestión de segundos, confirmó la sospecha inicial. Dentro del objeto aparecieron múltiples chips de telefonía, lo que marcó el inicio de un procedimiento formal que involucró a las autoridades externas competentes.
El intervenido fue identificado como Rubén Víctor Reynoso Gonzales. La situación motivó una acción coordinada con el Ministerio Público y la Policía Nacional, tal como establecen las normas del sistema penitenciario para este tipo de hallazgos. Tras el aviso oficial, se levantaron las actas correspondientes y se procedió con la incautación del material prohibido.
En esa misma línea, la institución penitenciaria reforzó su mensaje constante respecto a la seguridad interna. En palabras de la entidad: “El INPE reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y seguirá desplegando medidas para frenar todo acto delictivo que pudiera gestarse desde los recintos penales”.
En el caso específico del penal arequipeño, la revisión permitió hallar 55 chips de distintos operadores dentro del reloj del docente. La institución precisó que el traslado de estos elementos hacia los pabellones representa un riesgo directo, debido a su uso frecuente para coordinar extorsiones y otras actividades contrarias a la ley. Por ello, el comunicado del INPE indicó: “El Instituto Nacional Penitenciario reafirma su compromiso en la lucha frontal en contra de las extorsiones y la criminalidad en los establecimientos penitenciarios”.
Riesgos legales y nuevas modalidades detectadas
El Ministerio Público alertó sobre las consecuencias legales que recaen sobre quienes intentan ingresar objetos ilícitos a cárceles. La entidad recordó que las penas por estas acciones pueden ubicarse entre dos y veinte años de privación de libertad, según el tipo de elemento y las circunstancias asociadas.
Conforme a la Ley 29867, el ingreso de equipos o sistemas de comunicación puede recibir penas de cuatro a seis años. Si la persona responsable usa su posición de autoridad, condición de abogado defensor o función pública, la pena se eleva a un rango entre seis y ocho años, junto con inhabilitación del cargo. Para materiales utilizados en antenas o equipos similares, la sanción se establece entre dos y cuatro años, con aumentos cuando interviene un menor o una figura de autoridad.
Cuando se trata de armas blancas o de fuego, explosivos o sustancias peligrosas, las penas suben a un rango de ocho a quince años, y con agravantes pueden situarse entre diez y veinte años de cárcel.
La exposición dirigida a familiares de internos se desarrolló con la presencia de la directora regional del INPE, Marina Ancalle Ticona, y del director del penal de Socabaya, Richard Leonardo Carhuaz. Ambos solicitaron al fiscal superior Santiago Irigoyen Díaz la participación de un fiscal penal en este tipo de eventos, con el fin de reforzar la información sobre responsabilidades penales y limitar intentos de ingreso de objetos prohibidos.
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