“Se siente el impacto del paro de transportistas”, afirmó general de la Policía en su primer reporte del 4 de noviembre

El jefe de la región policial Lima, general Enrique Felipe Monroy, informó la mañana del 4 de noviembre que el paro de transportistas genera un impacto perceptible en la ciudad, mayor a jornadas anteriores. Durante su declaración, subrayó que la Policía Nacional del Perú (PNP) viene llevando a cabo un despliegue intensivo para asegurar la estabilidad en la capital y mantener el funcionamiento de los principales sistemas de transporte público.

La PNP articuló acciones con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) con el objetivo de mantener en operación los servicios del Tren Eléctrico, el Metropolitano y los corredores complementarios a lo largo de la jornada. Según la autoridad policial, el funcionamiento de estos tres sistemas cubre el 35% del transporte público masivo de pasajeros en Lima, lo que representa una garantía importante para la movilidad de la población.

“Estamos trabajando para poder garantizar a la ciudadanía la tranquilidad, estabilidad y viabilidad”, afirmó el general Felipe Monroy, quien supervisó el despliegue de agentes policiales en los principales paraderos y estaciones de la ciudad. De acuerdo con el alto mando policial, el foco de vigilancia se mantuvo en las horas punta entre cinco y nueve de la mañana, cuando se registra el mayor desplazamiento de personas hacia sus destinos.

El operativo incluyó la presencia policial en lugares de concentración de usuarios y puntos críticos donde, históricamente, se han presentado incidentes durante protestas. Monroy detalló que, tras la hora de mayor afluencia, la atención estaría centrada entre las nueve de la mañana y la una de la tarde para custodiar marchas, preconcentraciones y manifestaciones sociales. “La Policía Nacional está para garantizar sus derechos, pero no podemos trastocar los derechos de los demás”, sostuvo el general, quien reiteró que la tarea del cuerpo policial es equilibrar el derecho a la protesta con el orden público.

Hasta la primera mitad de la mañana, la PNP reportó un acto aislado en el distrito de Carabayllo, que consistió en la quema de llantas, controlada rápidamente por agentes en el lugar. La autoridad policial remarcó que no se habían registrado otros incidentes relevantes hasta el momento y que los equipos siguen en alerta en toda la ciudad.

El avance del paro será monitoreado de manera continua y se prevén nuevas actualizaciones al cierre de la jornada, en función del desarrollo de los acontecimientos y el comportamiento de la movilidad urbana en Lima.

Situación en las estaciones

El paro de transportistas del 4 de noviembre impactó de manera directa a miles de usuarios en Lima, quienes experimentaron demoras y aglomeraciones en los principales sistemas de transporte masivo. Desde las primeras horas de la mañana, estaciones como Naranjal y Tomás Valle del Metropolitano registraron largas colas de pasajeros que esperaban abordar los autobuses para trasladarse a sus centros de trabajo. A pesar del incremento de la demanda, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aseguró que tanto la Línea 1 y 2 del Metro, el Metropolitano y los corredores complementarios operaban con el total de su flota y mantenían sus horarios habituales.

El vocero de la ATU, Freddy Céspedes, informó que las coordinaciones con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el sistema de emergencias 105 se mantienen activas para asegurar la transitabilidad de los servicios. La entidad detalló que las operaciones se realizan de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. para el Metropolitano y los corredores, mientras que la Línea 1 del Metro brinda atención entre 5:00 a.m. y 10:00 p.m., y la Línea 2, entre 6:00 a.m. y 11:00 p.m.

La convocatoria al paro surgió tras el asesinato del conductor José Johnny Esqueche Ningles por delincuentes en la avenida Néstor Gambetta, hecho que provocó protestas y bloqueos en el Callao en días previos. La indignación por la inseguridad motivó a los gremios de transportistas a exigir garantías, tras considerar incumplidos los acuerdos alcanzados en octubre con representantes del gobierno.

Mientras los servicios concesionados mantenían su funcionamiento, la elevada demanda evidenciaba la fuerte presión sobre el sistema público ante la paralización de otras rutas. Los usuarios continuaban movilizándose pese a las dificultades, en un contexto donde la seguridad ciudadana y la efectividad del transporte se encuentran en el centro del debate.