El Poder Judicial ordenó la revocación de la prisión preventiva por 36 meses dictada contra seis personas implicadas en el caso Qali Warma, donde escolares recibían alimentos de mala calidad.
De acuerdo a RPP, los investigados podrán afrontar el proceso en libertad, bajo comparecencia restringida. El fallo se conoció a partir de una resolución emitida por la Sexta Sala Penal de Apelaciones de Lima que, tras evaluar los recursos de apelación de los abogados defensores, consideró la medida como desproporcionada.
Entre los liberados figuran Edgar Capani, jefe de conservas de la empresa Frigoinca S.A.C.; Davilton Rodríguez, exabogado del programa alimentario Qali Warma; Miguel Rosales, supervisor de Lima y Callao; José Mera, especialista alimentario en Loreto; Deyvis Espinoza, especialista del programa Qali Warma, y Yesabella Pazos, inspectora de la Dirección General de Salud (Digesa).
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la prisión preventiva tras imputar a los mencionados su presunta participación en una red criminal dedicada a manipular los procesos de selección y adjudicación del programa social Qali Warma, beneficiando a empresas proveedoras como Frigoinca S.A.C.,y en perjuicio de escolares de diversas regiones.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, “se habría enquistado una red criminal dentro del Estado, a fin de manipular los procesos de selección y adjudicación del programa Qali Warma para favorecer a ciertas empresas proveedoras de alimentos”.
Restricciones y reglas de conducta
La Sexta Sala Penal de Apelaciones de Lima dispuso que la libertad concedida a los seis procesados por el caso Qali Warma esté estrictamente condicionada al cumplimiento de un conjunto de reglas de conducta. Entre ellas, deberán “no ausentarse de la localidad donde residen sin previa autorización” del Juzgado de Investigación Preparatoria.
También se exige la abstención de comunicarse con otros coimputados, testigos o personas relacionadas con la investigación, salvo que exista vínculo conyugal, parental o compartan defensa técnica, limitando la comunicación solo al ámbito familiar o legal. Asimismo, tendrán que pagar cauciones que oscilan entre los 15 mil y los 20 mil soles (aproximadamente 3.900 a 5.200 dólares estadounidenses).
Además, deberán presentarse personal o virtualmente ante cualquier citación fiscal o judicial, comparecer cada 30 días ante el control de registro biométrico y cumplir con el pago de la caución estipulada, según los plazos dictados judicialmente. El incumplimiento de cualquiera de estos puntos podría derivar en la revocación de la libertad ordenada y el reingreso inmediato al establecimiento penal, conforme lo establece el artículo 287.3 del Código Procesal Penal peruano.
La resolución también levantó las órdenes de captura emitidas anteriormente contra Deyvis Espinoza y Yesabella Pazos, por lo que, según el fallo, los seis investigados recuperaron su libertad de manera inmediata salvo que existiera otra orden restrictiva vigente.
RPP indica que el tribunal superior ordenó la excarcelación de Edgar Capani, Davilton Rodríguez, Miguel Rosales y José Mera, quienes permanecían en centros penitenciarios, siempre y cuando no cuenten con otras medidas judiciales vinculadas a diferentes investigaciones o procesos.
El caso, catalogado como uno de los principales escándalos de corrupción en el sector público peruano durante el año reciente, implica la supuesta existencia de un sistema concertado para beneficiar a Frigoinca S.A.C. y otras empresas proveedoras a través del programa estatal Qali Warma, enfocado en la alimentación escolar. La investigación del Ministerio Público sostiene que los acusados habrían articulado procedimientos irregulares para facilitar la adjudicación de contratos, afectando la salud de menores en varios departamentos.
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