El gobierno interino de José Jerí zanjó el tema sobre la posible imposición de un toque de queda para Lima y Callao, ante la ola criminal. A través de una publicación en X, el mandatario aclaró que no se modificará el actual estado de emergencia para sumarle esa disposición.
“Producto del trabajo de campo diario, y siempre escuchando las recomendaciones y criticas al diseño de nuestro actual Estado de Emergencia no se esta contemplado aplicar el toque de queda. Una vez aprobadas las mejoras en la semana, daremos el reporte oficial de avances”, escribió en su red social.
En la víspera, hubo una creciente preocupación por la inseguridad en ciudad que abrió un debate por la posible aplicación de la medida, sobre todo luego de que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, dijera que esta estaba en evaluación en el Consejo de Ministros.

La declaraciones del titular del Ministerio del Interior encendieron una ola de reacciones divididas entre autoridades locales, empresarios y sectores ciudadanos.
La propuesta se mantiene “en evaluación dentro del Consejo de Ministros", convirtiéndose en uno de los temas centrales del escenario político y social de la capital, dijo Tiburcio.
Diferentes voces
Entre los principales respaldos se encuentra la postura del alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, quien sostuvo a Canal N que “sigue habiendo muertos, robos, extorsión y sicariato. Tenemos que sacrificarnos todos, no puede ser que estemos pensando en conciertos para el 31 de octubre por Halloween o por el Día de la Canción Criolla en donde vamos a tener gente aglomerada. Ahí puede aparecer un desadaptado que le meta un balazo a un artista”.

Gálvez remarcó la urgencia al afirmar que el toque de queda sería el siguiente paso frente a la continuidad de crímenes, lo que modificaría el vigente estado de emergencia que se aplica desde el pasado miércoles 22 de octubre.
Por el contrario, otras autoridades municipales expresaron su rechazo. El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, planteó replicar en toda la ciudad el modelo de módulos de seguridad estratégica empleado en su distrito.
“No necesitamos toque de queda si sabemos cómo actuar. Esto es una guerra y aquí tenemos nuestro campamento de guerra”, declaró a Canal N.

Su sistema incluye monitoreo con más de mil cámaras y coordinación directa con la Fiscalía, permitiendo una reacción inmediata ante cualquier denuncia de los vecinos, según detalló.
El alcalde de Surco, Carlos Bruce, coincidió en rechazar la aplicación de una inmovilización social obligatoria de carácter generalizado.
Sostuvo que “no estoy de acuerdo con un toque de queda en toda Lima. No descarto que pueda haber ciertos distritos que pueden tener una situación donde quizás se amerite, pero en todo Lima de ninguna manera. Eso agravaría las cosas, afectaría muchas actividades, muchos comercios y en zonas donde no hay necesidad”.

Posiciones alternativas
El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, propuso una vía intermedia: avanzar hacia un “toque de queda focalizado” exclusivamente en sectores particularmente vulnerables del distrito, lo que va en línea con lo expresado por Bruce.
En diálogo con América Noticias, argumentó que en Los Olivos el 50 % de los delitos se ejecutan usando motocicleta lineal. “El toque de queda, precisó, restringiría el tránsito desde la medianoche, sin afectar a todo el distrito ni a las actividades comerciales”.
¿Medida adecuada?
En tanto, el legislador Alfredo Azurín, quien es titular de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, transmitió a Canal N su oposición a la restricción total de libertad de circulación.

“No creo que sea una medida adecuada. Creo que lo que estamos haciendo ahora es efectivo, pero necesitamos el involucramiento de toda la población”, dijo.
Azurín valoró la mejor coordinación entre las instituciones responsables y destacó como clave el fortalecimiento de la inteligencia policial. “Hay muchas formas de informar a la PNP. La población tiene que participar más en esto”, agregó.
Críticas y preocupación
El posible toque de queda generó preocupación entre los gremios de restaurantes, bares y pequeños negocios, que consideran que la medida perjudicaría de forma directa sus actividades.

Voceros vinculados al sector calificaron la opción como ineficaz y advirtieron: “Antes se ha hecho, sin resultados positivos. Los extorsionadores y sicarios seguirán delinquiendo con toque o sin toque de queda”.
En algún sector de la población, opinan que esa medida de excepción va a provocar “la quiebra” de numerosos negocios de esforzados emprendedores que hacen malabares para subsistir”.
Además, los mismos voceros señalaron que muchos comerciantes “están al filo del precipicio debido a los cupos que deben pagar a las mafias, y el toque de queda sería la estocada final”.

En opinión de este sector, la solución debe centrarse en encarcelar a los delincuentes condenados y evitar que operen desde penales, proponiendo la construcción de cárceles alejadas y reforzadas. “Encerrar a las personas en sus casas no resuelve nada”, concluyeron.
Contexto de emergencia
El estado de emergencia decretado para Lima Metropolitana y Callao desde el 22 de octubre implica la restricción de derechos constitucionales como la libertad de tránsito y reunión, además de la inviolabilidad del domicilio y la libertad y seguridad personal.
Según lo dispuesto por el gobierno de José Jerí, los eventos masivos religiosos, culturales y deportivos requieren autorización previa durante este periodo, mientras que los eventos no masivos pueden realizarse sin trámite adicional (reuniones familiares, bodas y bautizos).

Durante un reciente acto oficial, José Jerí llamó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a emplear toda su experiencia para enfrentar el crimen.
“Hoy requerimos acción, hoy requerimos ese compromiso. Tenemos que seguir construyendo historia, tenemos que escribir una nueva historia de honor, tenemos que volver, bajo los tiempos actuales, a volver a pacificar nuestro país. En el combate contra la delincuencia, contra el crimen que nos ha quitado la tranquilidad, la paz a nuestros ciudadanos”, expresó.
En el evento, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sostuvo ante los medios: “Los enemigos están en otras trincheras, la delincuencia, el crimen organizado, la corrupción, la indiferencia y el miedo. Son enemigos que no portan uniformes, pero que amenazan con desangrar al Perú desde dentro, corroyendo la confianza, la justicia y la esperanza de los ciudadanos”.
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