El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) puso en marcha una medida inédita en el penal de Lurigancho, como parte de la Declaratoria del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y Callao. Bajo la dirección de su presidente, Iván Paredes Yataco, se dio inicio al denominado “apagón eléctrico” en los tres niveles del recinto penitenciario, con el propósito de recuperar el control total del suministro eléctrico y frenar el uso de aparatos electrónicos no autorizados por parte de los internos.
El operativo se realizó la mañana de este miércoles 23 de octubre en el pabellón 11 del penal de Lurigancho, donde agentes penitenciarios retiraron cables, extensiones y enchufes instalados de forma irregular en las celdas y áreas comunes. Según informó el INPE, la medida busca limitar el uso de celulares, televisores, cafeteras, ventiladores, hervidores y otros artefactos que podrían facilitar comunicaciones ilícitas o alterar la seguridad dentro del establecimiento.
INPE retira conexiones irregulares y controla horarios de luz en pabellones
El procedimiento inició cerca de las 10:55 de la mañana y estuvo liderado por el director de Seguridad Penitenciaria junto al subdirector de Seguridad de la Oficina Regional Lima, con apoyo de 40 agentes penitenciarios. Durante la intervención, se retiraron todos los puntos eléctricos improvisados, garantizando que solo el INPE tenga el control de la iluminación y suministro energético en los ambientes del penal.
Con este nuevo sistema, la iluminación quedará restringida a horarios establecidos y bajo supervisión constante del personal de seguridad, reduciendo el riesgo de que los internos accedan a fuentes de energía para operar dispositivos prohibidos. Además, se inspeccionaron los techos y patios del establecimiento para detectar antenas o cables ocultos que pudieran servir para mantener contacto con el exterior.
Durante el operativo también se incautaron diversos artefactos eléctricos, entre ellos televisores, congeladores, cafeteras y parlantes, los cuales fueron decomisados por no estar permitidos dentro del penal. En la acción participó un equipo de la Policía Nacional del Perú (PNP) encabezado por el comandante general Óscar Arriola Delgado, quien supervisó las labores de control y seguridad.
El “apagón eléctrico” en Lurigancho forma parte de una estrategia más amplia que el INPE viene ejecutando en varios establecimientos penitenciarios del país, con el objetivo de reforzar el orden interno, evitar actividades ilícitas y fortalecer las políticas nacionales de lucha contra la criminalidad organizada. Según precisó la institución, las intervenciones continuarán en otros penales de la capital en los próximos días.
Exrecluso revela corrupción y privilegios encubiertos dentro del penal de Lurigancho
El testimonio de un exinterno ha puesto nuevamente en evidencia las estructuras paralelas de poder que operan dentro del penal de Lurigancho, considerado el más grande y sobrepoblado del país. Según su relato, los llamados delegados generales —designados entre los propios reclusos— concentran un dominio total sobre los pabellones, controlando desde el ingreso de nuevos internos hasta la distribución de recursos. A cambio de dinero, estos líderes permiten acceder a mejores espacios, evitar castigos o incluso librarse de tareas impuestas, generando una economía carcelaria basada en cobros y favores.
El exreo denunció además que esta red no podría sostenerse sin la complicidad de ciertos funcionarios del INPE, quienes recibirían pagos regulares para facilitar el ingreso de objetos prohibidos y advertir sobre futuras requisas. “Ellos pagan su coima a los guardianes del INPE, entonces les dejan ingresar todo”, aseguró el exinterno en declaraciones a RPP Noticias, detallando que incluso el jefe de seguridad del penal obtendría un beneficio económico por permitir estas prácticas. Según su versión, las requisas serían meramente simbólicas, ya que los delegados reciben con anticipación información sobre los operativos, lo que les permite ocultar los objetos ilícitos en escondites internos.
La situación descrita revela un sistema donde el poder, el dinero y la corrupción determinan la calidad de vida dentro del presidio. El testimonio señala la existencia de antenas satelitales, televisores, celulares y hasta restaurantes que operan con normalidad dentro de los pabellones, mientras los internos con poder —denominados “Rufitos”— gozarían de comodidades similares a las del exterior. Además, se habría extendido un esquema de pagos por beneficios penitenciarios, donde algunos internos pagarían cuotas mensuales a trabajadores del INPE para figurar como si estudiaran o trabajaran, obteniendo así reducciones de pena sin cumplir los requisitos reales.
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