La expresidenta Dina Boluarte, destituida por el Congreso por incapacidad moral permanente, analiza volver a la vida pública a través de su reincorporación al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) o como candidata en las elecciones generales de 2026, según declaró este jueves su abogado Juan Carlos Portugal.
“Conociendo lo activa que es, estoy absolutamente seguro que algo va a hacer y poco tiempo estará en casa. Quizás retornará a su derecho político, eventualmente a Reniec, donde trabajó cerca de 25 años“, afirmó en una entrevista con radio Exitosa.
Portugal recordó que la exmandataria inició allí su carrera y, tras empezar como practicante, alcanzó cargos de jefatura dentro de la entidad. Al consultarle sobre una eventual postulación al Congreso, respondió: “No sé si (podría lanzarse para) diputada o senadora. No he llegado a ese nivel de información como ella”.
Los comicios de 2026 determinarán al nuevo jefe de Estado y a los integrantes de un Parlamento que retomará la estructura bicameral, vigente hasta la Constitución de 1993.
Portugal mencionó el artículo 3 de la Constitución para referirse tanto al derecho de desarrollo personal como a la libertad para volver a la política. “Finalmente, es el pueblo quien defina o no su decisión”, subrayó.
Las declaraciones del letrado ocurren el mismo día en que el Poder Judicial desestimó un nuevo pedido de la Fiscalía para impedir la salida del país a Boluarte, quien enfrenta una investigación por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
“La presidenta no tiene la mínima intención de asilarse en ninguna embajada, ningún consulado en el país. Ni antes, ni durante, ni después. Siempre la va a encontrar en su casa de Surquillo”, aseguró Portugal, y manifestó su apoyo a cualquier decisión que su clienta adopte.
Boluarte asumió la presidencia tras la destitución del exgobernante Pedro Castillo, ocurrida luego del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El Congreso la removió hace dos semanas al imputarle que mantenía una “permanente incapacidad moral” para abordar la crisis de inseguridad ciudadana.
La Fiscalía activó dos investigaciones contra la exjefa de Estado tras su destitución. Una de las causas está vinculada al presunto lavado de activos durante la campaña electoral de 2021, en la que se postuló en la fórmula de Castillo.
La otra investigación es por supuesta negociación incompatible con el cargo, ya que habría gestionado el pago de beneficios sociales para un amigo del médico que le realizó operaciones estéticas durante su gestión como presidenta.
Boluarte también está bajo investigación por la muerte de cerca de 50 personas durante la represión de protestas registradas tras su llegada al poder en 2022, así como por abandono del cargo cuando se sometió a una operación de nariz sin notificar al Congreso.
Castillo permanece en prisión como parte de un proceso judicial por el delito de rebelión, además de otras causas en su contra. Luego de su destitución, Boluarte negó en un mensaje desde su vivienda que tuviera planes de solicitar asilo en otro país.
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