El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, informó que el Gobierno del presidente José Jerí aún no ha definido una posición sobre la eventual salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tema que fue impulsado por la gestión anterior de Dina Boluarte. En entrevista con RPP, el titular del sector aseguró que el Ejecutivo se encuentra concentrado en atender los asuntos más urgentes del país, principalmente la lucha contra la inseguridad ciudadana.
“Es un tema que se ha venido evaluando desde una gestión anterior y esta gestión deberá también fijar una posición. Es algo que todavía no se ha discutido. Nosotros estamos abocados a temas que son prioritarios para nosotros, en este caso, la seguridad ciudadana. Esa es la indicación del presidente”, señaló Martínez para el citado medio.
El ministro recalcó que el actual Gobierno mantiene su compromiso con la defensa de los derechos humanos y que cualquier decisión sobre la relación del país con la Corte IDH será evaluada de manera responsable. “La posición del Gobierno es de pleno respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos del país”, enfatizó.
Tema pendiente del gobierno anterior
El debate sobre una posible salida del Perú de la Corte IDH no es nuevo. Durante la administración de la expresidenta Dina Boluarte, destituida por incapacidad moral permanente, varios integrantes del Poder Ejecutivo se pronunciaron a favor de revisar la continuidad del país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
En reiteradas ocasiones, los entonces ministros expresaron su respaldo a la idea de una eventual desvinculación, alegando que algunas decisiones del tribunal internacional afectaban la soberanía del Estado. El expremier Eduardo Arana incluso llegó a plantear formalmente ante el Congreso la creación de una comisión para analizar este tema.
Durante su exposición en junio pasado para solicitar el voto de confianza, Arana propuso que dicha comisión estuviera integrada por representantes del Ejecutivo, Legislativo, la sociedad civil, la academia y organismos competentes. Su finalidad sería evaluar y proponer, “de manera seria y responsable”, una decisión consensuada sobre la permanencia del Perú en el SIDH.
Derechos humanos y seguridad ciudadana
El ministro Martínez remarcó que, a diferencia del debate político que predominó en la gestión pasada, la actual administración tiene como prioridad inmediata garantizar la seguridad y el orden público. “El Gobierno está enfocado en frenar la criminalidad que aqueja al país. Esa es la principal preocupación de nuestro presidente”, subrayó.
Además, señaló que el Ministerio de Justicia trabaja de forma coordinada con otros sectores para fortalecer el sistema de justicia y los mecanismos de prevención del delito. “La seguridad es la base para cualquier política pública. Una vez estabilizado ese frente, podremos retomar otros temas en agenda”, indicó.
En cuanto al respeto al marco internacional, el titular del Minjus reiteró que el Perú continuará cumpliendo con sus compromisos en materia de derechos humanos. “Nosotros respetamos los tratados internacionales suscritos por el país. Cualquier decisión sobre la Corte IDH será producto de una evaluación técnica y no de una reacción política”, puntualizó.
Apoyo económico a víctimas de las protestas
En la misma entrevista, Martínez informó que el Ejecutivo aprobó un apoyo económico para los familiares de Eduardo Ruíz, joven de 32 años fallecido durante las manifestaciones del 15 de octubre, así como para las personas heridas en esos hechos.
“El apoyo económico ya se ha decidido otorgar a los familiares del fallecido y a las personas heridas. Corresponde también la emisión de un decreto urgente que está siendo preparado por una comisión multisectorial integrada por los ministerios de Justicia, Salud y la Mujer”, detalló el ministro.
El Gobierno busca, con esta medida, brindar un respaldo humanitario a las víctimas de la reciente jornada de protestas, en medio de su compromiso de garantizar el respeto a los derechos fundamentales y fortalecer la confianza entre el Estado y la ciudadanía.
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