La Corte Suprema de Justicia avaló la solicitud de extradición de César Alexis de la Cruz Canales, exasesor parlamentario de María Agüero, congresista de Perú Libre, para que responda ante la justicia peruana por presunta participación en el esquema de recorte de sueldos a trabajadores conocido como el caso “mochasueldos”. La decisión, anunciada por RPP, fue emitida por la Sala Penal Permanente, que consideró cumplidos los requisitos legales nacionales e internacionales para activar el procedimiento con el Reino de España, país donde se localizó y detuvo al investigado en agosto de 2025.
El proceso se centra en las acusaciones de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos por hechos registrados en el Congreso entre junio de 2022 y mayo de 2023. El Ministerio Público atribuye a De la Cruz haber solicitado, canalizado y distribuido transferencias bancarias, abonos a través de aplicaciones y pagos en efectivo por parte de empleados del despacho de Agüero, quienes supuestamente eran obligados o inducidos a entregar un porcentaje de sus remuneraciones, utilizando como justificación necesidades logísticas, gastos operativos y, en algunos testimonios, supuestas “aportaciones al partido” Perú Libre. El expediente indica que el monto recaudado en el periodo investigado alcanzó entre S/ 28.137,50 y S/ 28.337,50, en varias cuentas bancarias a nombre del exasesor.
La detención provisional de De la Cruz se produjo en Madrid el 19 de agosto de 2025 por agentes de la Interpol, tras una notificación roja internacional emitida a solicitud de las autoridades peruanas. La captura se realizó luego de que el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictara un mandato de prisión preventiva por 18 meses contra el exfuncionario y otros presuntos involucrados, como Edson Flores, también exasesor de la parlamentaria y ya recluido en Perú.
Según relató la Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín, se cumplió el principio de doble incriminación, ya que los delitos imputados están previstos tanto en la legislación peruana como en la española. “La extradición es admisible si el acto constituye delito en ambos Estados y supera el umbral de gravedad previsto en el tratado bilateral”, detalló la resolución a la que accedió RPP. El tribunal también consideró probado el cumplimiento de los requisitos procesales y el carácter común de los delitos, sin relación con figuras políticas, lo que permitiría la cooperación internacional.
El expediente describe cómo De la Cruz habría funcionado como el principal recaudador del dinero extraído de los sueldos del personal asignado al despacho y a comisiones presididas o influenciadas por la congresista Agüero. En las cuentas del exasesor se detectaron depósitos por parte de más de diez trabajadores e ingresos en efectivo de procedencia no justificada. La documentación judicial señala pagos regulares que equivalían a un 10% de las remuneraciones mensuales, en algunos casos reseñados bajo el concepto de “diezmo”. Testigos y testimonios protegidos incluidos en el proceso afirman que la entrega de este dinero era condición para mantener el puesto y que el propio exasesor recordaba la exigencia mediante mensajes y reuniones.
Adicionalmente, la fiscalía identificó transferencias de la cuenta personal de Agüero por sumas relevantes, así como la participación de familiares en algunas operaciones. El análisis revisó el flujo de fondos, detectando movimientos bancarios superiores a S/ 131.000 en depósitos en efectivo de origen desconocido, además de la adquisición de vehículos y salidas de capital que no se correspondían con los ingresos legítimos declarados por el exfuncionario. El Ministerio Público determinó la existencia de indicios de incremento patrimonial injustificado y de actos de conversión de dinero considerado lavado de activos.
Tras la captura en España, el tribunal judicial español concedió la libertad provisional a De la Cruz mientras se tramita la solicitud de extradición. No obstante, las autoridades peruanas mantienen el mandato de detención basado en la prisión preventiva dictada por el Poder Judicial. La Sala Penal Permanente dispuso remitir todo el cuadernillo de extradición al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como notificar a la Fiscalía de la Nación para que gestione oficialmente el proceso ante el gobierno español.
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