El nuevo presidente del Perú, José Jerí, fue el autor del informe que recomendó archivar la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra Dina Boluarte, en el marco de las investigaciones por las muertes de ciudadanos durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
El documento, aprobado por mayoría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado 18 de julio, sostenía que “no existen elementos probatorios suficientes” para acusar a Boluarte ni a los ministros de su gabinete. El informe fue defendido por Jerí y respaldado por la congresista María Acuña (APP), quien presidía la sesión.
Pocos meses después, tras la vacancia presidencial de Dina Boluarte, el mismo Jerí —que entonces era titular del Congreso— asumió el máximo cargo del país. Su llegada a Palacio, sin embargo, reavivó las críticas de quienes lo acusan de haber contribuido al “blindaje político” de la exmandataria y de obstaculizar la justicia para las víctimas de la represión.
El informe que salvó a Boluarte
Como se recuerda, la denuncia constitucional surgió en consecuencia de la represión policial y militar durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia de la República el 7 de diciembre de 2022, tras el fallido intento de autogolpe de Pedro Castilo.
La masacre por las fuerzas del orden en aquellas manifestaciones dejó al menos 50 muertos confirmados y más de 1.000 heridos, según el Ministerio Público. La gran mayoría de las víctimas eran transeúntes y menores de edad sin ningún vínculo probado con actividades ilícitas, según pudo reconocer la ex canciller Ana Cecilia Gervasi en una entrevista a The New York Times. Respecto a ello, organismos internacionales como la CIDH y la ONU documentaron ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza y detenciones arbitrarias.
Es por los mencionados actos que el entonces fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena, acusó a Boluarte de homicidio calificado y lesiones graves en contexto de violaciones a los derechos humanos. Según el Ministerio Público, la expresidenta, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, tenía un deber de garante sobre la vida e integridad de los manifestantes, pero no adoptó las medidas necesarias para evitar los abusos.
El documento de 58 páginas del Congreso —que fue finalmente aprobado con 12 votos a favor y 10 en contra— concluyó que “no existen elementos irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura del Estado con la intención de causar muertes y lesiones”, como señaló la entonces presidenta de la Subcomisión, Lady Camones (APP).
En la votación participaron legisladores de Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, bloques que respaldaron la posición de Jerí. En contraste, parlamentarios como Ruth Luque (Cambio Democrático) y Flavio Cruz (Perú Libre) calificaron el dictamen como un intento de “impedir que la Fiscalía investigue”.
“Estamos creando una memoria histórica nefasta”, alertó Cruz durante el debate parlamentario.
Los argumentos de Jerí: “No había elementos de prueba objetivos”
Tras la aprobación del informe, José Jerí defendió su posición en entrevistas públicas, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas contundentes para sustentar la acusación.
“No me puedo prestar a un juego cuando no hay elementos de prueba objetivos. Hubo excesos, pero fueron muy puntuales y están siendo investigados por la Fiscalía. El Poder Judicial deberá sancionar a los responsables”, declaró Jerí en julio pasado.
El entonces legislador también aseguró que, al momento de tomar la decisión, “no se había podido demostrar indubitablemente que existieron cadenas de mando o una orden expresa para actuar con violencia”.
Sin embargo, los informes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Amnistía Internacional y la propia Fiscalía de la Nación contradicen esta versión. Según sus registros, más de 50 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas durante las protestas en ocho regiones del país, muchas por impactos de bala en zonas letales del cuerpo.
Familiares de víctimas denuncian impunidad
La decisión del Congreso fue rechazada por la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022–2023, que calificó el archivamiento como “una afrenta a la memoria de los fallecidos”.
“El Congreso le ha dado la espalda al Perú. Nos duele ver cómo se protege a los responsables políticos de nuestras pérdidas”, expresó la organización en un comunicado difundido tras la votación.
Los familiares recordaron que las víctimas incluyen adolescentes, madres y trabajadores que no participaban directamente en las manifestaciones, pero fueron alcanzados por disparos de la Policía y el Ejército en regiones como Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Lima.
Por su parte, el periodista de investigación Américo Zambrano, en su libro Nuestros muertos, también demostró que ninguno de los asesinados tenía antecedentes policiales.
Los implicados en la denuncia fiscal
Además de Boluarte, la denuncia del fiscal Villena incluyó a seis exministros:
- Pedro Angulo y Alberto Otárola, como presidentes del Consejo de Ministros.
- Otárola y Jorge Chávez, como ministros de Defensa.
- César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, como ministros del Interior.
Todos fueron señalados por homicidio calificado por omisión con dolo eventual, además de lesiones graves y leves en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
Pese a la magnitud de la acusación, el Congreso determinó que “no había elementos suficientes” para imputar responsabilidades.
Una presidencia bajo cuestionamientos
Con su llegada a Palacio de Gobierno, José Jerí enfrenta ahora el reto de gobernar bajo la sombra de sus propias decisiones políticas y denuncias e investigaciones, siendo las más graves una de presunta agresión sexual y acusaciones de corrupción.
Su rol en el archivo de la denuncia contra Boluarte lo coloca en el centro de las críticas de organizaciones de derechos humanos, que advierten que su gestión podría continuar el ciclo de impunidad.
A casi tres años de las masacres, las familias de los fallecidos siguen esperando justicia. Mientras tanto, el Congreso y el Ejecutivo —ahora bajo la presidencia de Jerí— cargan con el peso de una deuda histórica: responder por los presuntos crímenes cometidos en nombre del Estado peruano.
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