El Juzgado Civil de Yarinacocha, en Ucayali, ordenó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al Gobierno Regional de Ucayali y a otras instituciones del Estado ejecutar acciones inmediatas y sostenibles para frenar la contaminación de la laguna de Yarinacocha, uno de los ecosistemas más importantes de la Amazonía peruana.
La decisión judicial llega tras más de 30 años de omisiones estatales y ratifica una sentencia firme emitida en un proceso de amparo presentado por el ciudadano Raúl Lunasco Cabezas, en representación de las comunidades Shipibo-Conibo y Shetebo, que habitan en las orillas del cuerpo de agua.
El juez Carlos Díaz Herbozo dispuso que las entidades implicadas —entre ellas los ministerios del Ambiente y de Vivienda, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el Hospital Amazónico— presenten en un plazo máximo de tres meses un informe técnico con las acciones adoptadas y un plan de trabajo con tiempos definidos. El magistrado podrá supervisar directamente los avances y aplicar multas si las instituciones no cumplen con lo ordenado.
Una deuda ambiental que se arrastra por décadas
La sentencia confirma las advertencias que distintas entidades han hecho por años. La laguna se encuentra gravemente contaminada por vertimientos de residuos domésticos, aguas servidas y combustibles derramados por embarcaciones. Informes del propio Ministerio del Ambiente reconocen que la reacción estatal frente al deterioro ambiental no ha tenido resultados concretos desde hace tres décadas, pese a la evidencia del daño ecológico y sanitario.
En 2023, la Defensoría del Pueblo documentó que las aguas residuales del Hospital Amazónico de Yarinacocha discurren sin tratamiento hacia la laguna, a pocos metros de los asentamientos humanos. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) incluso denunció estos vertimientos desde 2013, pero las sanciones fueron insuficientes para disuadir este tipo de prácticas. Recién en el 2023, se impuso una multa de apenas S/ 25.245.
A esto se suman los desechos generados por el comercio informal, el crecimiento urbano desordenado y el botadero del kilómetro 22 de la ruta Pucallpa–Lima, que recibe más de 330 toneladas diarias de residuos sólidos.
Justicia respalda el reclamo de comunidades amazónicas
Este mes, la Sala Civil Especializada de Ucayali, integrada por los jueces Tullio Bermeo, Ovidio Medina y Jorge Chipana, confirmó que la contaminación vulnera derechos fundamentales como el acceso al agua limpia, a un ambiente saludable y a la salud pública. El tribunal reconoció que la laguna presenta un “alto espectro de agentes nocivos” y que los pueblos originarios que dependen de ella —como los Shipibo-Conibo y Shetebo— han visto afectada su calidad de vida y su seguridad alimentaria.
Los jueces también recordaron que el Estado peruano tiene obligaciones constitucionales y supraconstitucionales de garantizar la conservación de los ecosistemas, proteger los recursos naturales y prevenir daños irreversibles en territorios amazónicos. El incumplimiento de estas funciones, advierten, constituye una vulneración a los derechos colectivos de las comunidades locales.
Un plazo judicial que pone a prueba al Estado
Con el nuevo fallo, las entidades estatales tienen 90 días para demostrar un compromiso efectivo con la recuperación del ecosistema. La resolución también faculta al juez a verificar de manera directa las acciones emprendidas y a imponer sanciones en caso de incumplimiento.
Si bien la orden judicial representa un paso importante, el reto será articular políticas sostenidas que integren a todos los niveles del Estado y a las comunidades afectadas. Treinta años después, la laguna de Yarinacocha sigue esperando que la promesa de descontaminación deje de ser una resolución en papel.
La laguna, símbolo amazónico bajo amenaza
Ubicada a solo 20 minutos de Pucallpa, la laguna de Yarinacocha es considerada una de las más bellas de la Amazonía y un centro de vida cultural para cientos de familias indígenas. Sin embargo, el paisaje que alguna vez fue espejo de aguas transparentes hoy muestra orillas cubiertas de desechos, zonas de mal olor y peces que han desaparecido progresivamente.
En marzo de 2025, el Congreso aprobó declarar de interés nacional la emergencia ambiental, limpieza y protección de la laguna, pero hasta ahora no se han concretado proyectos ni inversiones de gran alcance.
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