El directorio de AENZA ha iniciado acciones legales contra José Graña y otros dos exdirectivos por su participación en casos de corrupción vinculados al llamado “Club de la Construcción” y a la trama Lava Jato en el Perú.
Según comunicó la empresa, estos actos ilícitos fueron cometidos durante la gestión de los mencionados exfuncionarios, quienes realizaron acciones calculadas que, de acuerdo con la compañía, se ejecutaron al margen de sus órganos de gobierno y contrariando los valores establecidos por la organización.
Aenza demanda a José Graña y otros dos exdirectivos
Las investigaciones judiciales han llevado a que José Graña Miró Quesada y otro exdirectivo reconozcan su implicación ante las autoridades peruanas. Según la información difundida, el accionar de los exdirectivos produjo un impacto económico y reputacional severo en AENZA, incluyendo la anulación de contratos, la disminución de su plantilla laboral por miles de puestos y un impacto directo en más de 7.000 familias dependientes de la empresa.
Como parte de las sanciones impuestas a raíz de estas prácticas, AENZA ha afrontado la obligación de pagar una reparación civil y se le aplicó un periodo de inhabilitación que le impedía contratar con el Estado. “Estos hechos vulneraron la confianza y los valores construidos por la empresa a lo largo de los años”, detalló la organización en su comunicado oficial.
En paralelo, AENZA informó que, desde 2021, ni los exdirectivos involucrados ni ningún miembro de la familia fundadora mantiene relación con la administración ni con los actuales accionistas. La estructura societaria de la firma ha cambiado, pasando a manos principalmente de accionistas institucionales: el 43,8% del capital social está controlado por los cuatro fondos de pensiones peruanos (AFP), mientras que el fondo internacional IG4 Capital posee el 27,8%.
Club de la Construcción: AFPs y capital internacional controlan AENZA tras escándalo Lava Jato
AENZA ha continuado operando en el país y, actualmente, postula a una adenda de 10 años en su operación de la Línea 1 del Metro de Lima, a través de UNNA Transporte y su filial Tren Urbano de Lima S.A. Sobre el papel, Cumbra Perú y UNNA Transporte no pueden celebrar contratos con el Estado hasta finales de 2025, luego de someterse a la colaboración eficaz en 2023.
En su comunicado, la firma asegura que opera bajo un modelo de gestión renovado y un nuevo directorio, con mecanismos de integridad reforzados. La certificación bajo la norma internacional ISO 37001 en su sistema de gestión antisoborno figura entre las herramientas implementadas para evitar la repetición de escenarios similares. Estos protocolos incluyen procesos, controles y auditorías orientadas a garantizar que los negocios de la firma se realicen bajo estándares considerados como los más estrictos en integridad empresarial.
El denominado Club de la Construcción fue un esquema de corrupción que operó en Perú entre 2011 y 2014, durante el Ollanta Humala Tasso. El entramado consistía en acuerdos ilícitos entre constructoras y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quienes simulaban competencia en licitaciones públicas con el objetivo de recibir la adjudicación de proyectos de infraestructura a cambio de pagos indebidos. AENZA, entonces llamada Graña y Montero, reconoció su participación en esta maniobra tras las investigaciones vinculadas al caso Lava Jato, y formalizó un acuerdo de colaboración eficaz con el Estado peruano.
AENZA formalizó acuerdo de colaboración eficaz y asume pago de S/181 millones
En septiembre de 2022, la firma alcanzó un acuerdo con el Equipo Especial Lava Jato y la Procuraduría Ad Hoc, respondiendo por su implicación en estas investigaciones. Entre las disposiciones acordadas se incluyó un cronograma de pagos de reparación civil, supervisado por el Quinto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
En junio de 2025, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) dispuso el cobro inicial de 4 millones de soles a AENZA, cantidad depositada a través del Fideicomiso de Retención y Reparación (FIRR) conforme a la Ley N° 30737. Esta transferencia corresponde al pago inicial de un compromiso total deS/181 millones 173.225,65, que será cancelado en doce pagos anuales, más intereses legales.
“AENZA es una empresa transformada que mantiene su compromiso con la integridad y la transparencia”, declara el nuevo directorio. El proceso iniciado contra los exdirectivos busca, según la firma, sentar precedente y marcar el cierre de una etapa de la organización. La administración expresó su confianza en que las autoridades judiciales “actuarán con la rigurosidad que este caso exige”.
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