Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. Cuatro expresidentes del Perú que pasaron por el penal de Barbadillo. A ellos se suman Martín Vizcarra y la actual jefa de Estado, Dina Boluarte, quienes enfrentan múltiples investigaciones fiscales y cuyo destino podría ser similar.
Este es el escenario al que, al parecer, los peruanos ya se han acostumbrado: expresidentes, excongresistas y ministros presos, investigados o prófugos, en medio de una profunda crisis institucional que ha marcado al país en los últimos años.
En entrevista exclusiva con Infobae Perú, previa a su participación en CADE Ejecutivos 2025, el excanciller Francisco Tudela reflexionó sobre el impacto que los procesos judiciales contra políticos han tenido en la imagen del Perú a nivel internacional. Para el diplomático, el país vive bajo un régimen de judicialización de la política.
“El Perú es el país del lawfare. El lawfare es la judicialización de la política. Entonces, las investigaciones, las denuncias, etcétera, forman parte de la vida política peruana”, afirmó Tudela, al sostener que esta práctica se ha convertido en una herramienta habitual que, lamentablemente, refuerza la crisis de gobernabilidad.
“No se puede impedir a un jefe de Estado o a representantes del Estado que tienen inmunidad, el viajar a conferencias internacionales o cumbres, puesto que tienen inmunidad, pueden ser investigados, pero los procesos serán después de que el cargo sea dejado, a menos de que haya una flagrancia en el delito”, puntualizó.
El excanciller consideró que esta situación ha provocado una crisis institucional profunda, en la que la legitimidad se confunde con la legalidad y el debate público se ha trasladado a los despachos fiscales. En su opinión, el lawfare ha minado la gobernabilidad, alimentando un ciclo de inestabilidad y polarización que impide al país concentrarse en su desarrollo.
Tudela recordó que la presidenta Dina Boluarte representa claramente esa tensión permanente. “La presidenta es la sucesora designada constitucionalmente del presidente Castillo... Es su presidencia absolutamente legal, independientemente de las encuestas”, afirmó.
Con estas declaraciones, el exministro resumió uno de los grandes dilemas del sistema político peruano: un país atrapado entre la desconfianza, la judicialización y la falta de estabilidad, donde el debate político parece haberse desplazado de las urnas a los tribunales.
¿Y cuál es su impacto en las inversiones?
La realidad nacional del Perú no solo afecta la gobernabilidad, sino que también tiene un grave impacto en la economía. La falta de confianza ha provocado una masiva fuga de capitales internacionales, debilitando el crecimiento y la inversión.
“La cantidad de capitales que han salido del país superan los treinta mil millones de dólares y no han regresado. Y entonces, naturalmente, hay que buscar la manera de que esos capitales regresen. Y la manera tiene... se reduce en una sola palabra: confianza”, subrayó.
Este problema no se origina únicamente en la permanente crisis política, sino también en la excesiva burocracia del Estado peruano.
“El país se ha hundido en una especie de enredadera o maraña regulatoria. Ha multiplicado su burocracia hasta un número desconocido que puede llegar a rondar el diez por ciento de la población total del país”, advirtió.
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