La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Pasco consiguió que se declare la responsabilidad penal del médico José Díaz, miembro de la Comisión Médica de Calificaciones de Incapacidad del Hospital II de EsSalud en dicha región. La sentencia se dictó tras comprobar que el profesional recibió S/8.000 de un paciente a cambio de elaborar informes médicos favorables con el fin de obtener una pensión por invalidez.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en 2018, cuando el galeno, en su calidad de neumólogo y parte de la comisión evaluadora, solicitó dinero al ciudadano Rubén Salazar. Este accedió al pago para obtener un documento que certificara males relacionados con enfermedades profesionales y así garantizar beneficios laborales.
Cohecho pasivo en agravio al Estado
La fiscal adjunta provincial Jaquelyne Milagros Criollo Díaz detalló que a José Díaz se le atribuyó el delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio, al aprovechar su cargo dentro de EsSalud. El caso fue considerado de alta gravedad, pues se trata de un funcionario que utilizó su posición para fines personales en perjuicio del Estado.
Como resultado, la autoridad judicial impuso una pena de cinco años de prisión suspendida, bajo un régimen de prueba de cuatro años. Asimismo, se le aplicó una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos, además de cumplir reglas de conducta específicas que incluyen no volver a cometer un delito doloso, bajo apercibimiento de revocar la suspensión de la pena.
Condena contra médico y paciente
Además de la sanción penal, el médico condenado deberá pagar S/10.000 por concepto de reparación civil a favor del Estado y una multa de 365 días-multa, que equivale a más de S/24.000. La sentencia establece que, en caso de incumplimiento de las reglas o reincidencia, la pena privativa de libertad suspendida se convertirá en efectiva.
La FECOF destacó que este fallo constituye un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el sector salud, ya que busca desalentar prácticas indebidas que afectan a pacientes y al funcionamiento de las instituciones públicas.
El caso también involucró a paciente Juan Salazar, quien entregó los S/8.000 al médico en representación de su hermano Rubén Salazar. Por este hecho, se le atribuyó el delito de cohecho activo genérico, en agravio del Estado peruano. A Salazar se le impuso una pena de cuatro años de prisión suspendida, con un régimen de prueba de dos años, además de cuatro años de inhabilitación y el pago de S/3.000 de reparación civil. Asimismo, deberá abonar una multa equivalente a 365 días-multa, calculada en más de S/2.700.
Mensaje contra la corrupción
La fiscal provincial resaltó que tanto el cohecho pasivo propio como el activo genérico son delitos que afectan directamente a la administración pública y socavan la confianza de la ciudadanía en el sistema de salud. “Este tipo de prácticas deben ser sancionadas de manera ejemplar, pues comprometen recursos del Estado y vulneran derechos de los pacientes”, puntualizó Criollo Díaz.
Con esta sentencia, la Fiscalía reiteró su compromiso en la lucha contra la corrupción en instituciones clave como EsSalud, donde la transparencia y la ética profesional son fundamentales para garantizar una atención justa y adecuada a los asegurados.
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