El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, confirmó que el penal de máxima seguridad que se construirá en la isla El Frontón tendrá capacidad para albergar a 2 mil internos. Según explicó, este establecimiento será destinado principalmente para recluir a los cabecillas de organizaciones criminales, en un contexto que calificó como “problema de seguridad nacional”.
“Será un penal para 2 mil internos y los cabecillas de organizaciones irán allá. No lo vemos solo como un proyecto de infraestructura, sino como una necesidad para garantizar la seguridad nacional”, declaró Paredes en entrevista con Exitosa.
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El funcionario precisó que, a diferencia de otros centros de reclusión, las celdas no tendrán los estándares amplios de 25 metros cuadrados, sino de 12 metros, con el objetivo de optimizar la infraestructura y garantizar un control estricto de los reclusos.
Crisis de hacinamiento carcelario
Durante la entrevista, el jefe del INPE reveló la magnitud de la crisis penitenciaria: actualmente se controla a 110 mil presos pese a que la capacidad instalada es de solo 41 mil. Esto significa un 120 % de sobrepoblación en las cárceles peruanas.
A ello se suman 105 mil personas sentenciadas a penas de servicio comunitario, de las cuales apenas un 30 % cumple efectivamente con la condena. “El otro 70 % no lo está ejecutando porque no se notifican adecuadamente o no llegan al INPE”, señaló Paredes, advirtiendo que la falta de seguimiento erosiona la eficacia del sistema judicial.
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El problema se agrava por el déficit de personal. Según el titular del INPE, apenas 7 mil agentes penitenciarios están asignados a nivel nacional, lo que equivale a un custodio por cada 400 internos. Además, en la práctica, solo el 30 % de los presos trabaja o estudia dentro de los penales; el 70 % restante permanece inactivo, lo que genera riesgos adicionales de conflictividad.
Un penal millonario en debate
El proyecto de construcción en la isla El Frontón contempla una inversión de 500 millones de soles. No obstante, ha despertado críticas debido a sus elevados costos y a los retos logísticos que implicará operar un establecimiento penitenciario en un espacio insular.
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Especialistas y exautoridades han recordado que informes oficiales previos declararon inviable la iniciativa, precisamente por las dificultades de trasladar personal, alimentos, insumos y servicios básicos de manera constante. La falta de condiciones para sostener el día a día de un penal en la isla es uno de los principales cuestionamientos.
Antecedentes y proyecciones
La isla El Frontón ya tiene un largo historial penitenciario: fue escenario de motines y episodios de violencia durante el siglo XX, y hasta ahora su nombre se asocia a reclusión de alta peligrosidad. Con la construcción del nuevo penal, el Gobierno busca convertirlo nuevamente en un espacio de máxima seguridad, diseñado específicamente para albergar a líderes del crimen organizado.
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Iván Paredes insistió en que la medida debe entenderse como parte de un esfuerzo integral para reforzar la gobernabilidad del sistema penitenciario y la seguridad nacional. Sin embargo, el debate sigue abierto entre la urgencia de responder al hacinamiento y la sostenibilidad de invertir en una infraestructura de gran escala en condiciones geográficas adversas.
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