Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, una fecha que busca visibilizar los riesgos y consecuencias que enfrentan millones de mujeres en el mundo al no poder acceder a este procedimiento en condiciones seguras. La realidad es alarmante: en la mayoría de países el aborto aún no es legal, salvo en situaciones muy limitadas, y el Perú no es la excepción. En nuestro país, el aborto es legal únicamente cuando la vida o la salud de la mujer embarazada corre un riesgo grave.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se realizan alrededor de 25 millones de abortos inseguros en el mundo, y la mayoría ocurren en países en desarrollo, donde la legalidad está restringida. Estas prácticas clandestinas ponen en peligro la vida y la salud de mujeres y adolescentes que, al no tener otra opción, recurren a procedimientos inseguros. Por eso, esta fecha es una oportunidad para reflexionar sobre la urgencia de garantizar un aborto legal, seguro y gratuito, y también para conocer cuáles son los principales riesgos de recurrir a un aborto no seguro.
Principales riesgos de recurrir a un aborto no seguro
Un aborto no seguro es aquel que se practica en condiciones médicas inadecuadas o por personas sin capacitación profesional. Entre sus principales riesgos se encuentran:
- Infecciones graves: el uso de instrumentos no esterilizados o la manipulación del útero sin medidas de higiene puede provocar infecciones severas que, de no tratarse a tiempo, pueden convertirse en sepsis y causar la muerte.
- Hemorragias: los métodos inseguros, como la introducción de objetos o sustancias tóxicas, pueden causar lesiones en el útero o desgarros internos, provocando sangrados abundantes y potencialmente mortales.
- Perforación uterina: una de las complicaciones más graves ocurre cuando se perfora la pared del útero, lo que puede afectar órganos cercanos como la vejiga o los intestinos.
- Infertilidad: las lesiones internas, cicatrices y complicaciones de infecciones pueden dejar secuelas permanentes que afectan la capacidad de concebir en el futuro.
- Muerte materna: según la OMS, cerca de 39 mil mujeres mueren al año en el mundo debido a abortos inseguros. La mayoría de estas muertes podrían evitarse con servicios de salud accesibles y legales.
En todos los casos, el común denominador es la falta de acceso a servicios médicos seguros. Un aborto practicado en condiciones legales y con supervisión profesional es un procedimiento de bajo riesgo; sin embargo, cuando se realiza en la clandestinidad, se convierte en una de las principales causas de mortalidad materna.
Por qué es importante el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito
El acceso a un aborto legal y seguro no solo es un tema de salud pública, sino también de derechos humanos. Garantizar que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo en condiciones seguras significa reducir muertes prevenibles, evitar complicaciones de salud a largo plazo y garantizar igualdad en el acceso a la atención médica.
En países donde el aborto es legal y gratuito, como en varios de Europa y América Latina (Argentina, México, Colombia), las cifras de mortalidad materna asociada a abortos han disminuido drásticamente. Además, el acceso seguro permite acompañamiento psicológico y social, reduciendo los impactos emocionales que puede conllevar una decisión de este tipo.
Negar este derecho perpetúa la desigualdad: las mujeres con menos recursos económicos son quienes corren mayores riesgos, ya que recurren a métodos clandestinos y peligrosos. En cambio, quienes tienen dinero logran viajar a otros países o pagar clínicas privadas, lo que genera una brecha injusta y discriminatoria.
En qué casos es legal el aborto en el Perú
En el Perú, el aborto es legal solo bajo una causal específica: cuando el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la mujer. Esta excepción se encuentra contemplada en el Código Penal desde 1924 y se conoce como aborto terapéutico.
Sin embargo, la aplicación de esta normativa suele enfrentar barreras sociales, religiosas y administrativas, lo que muchas veces limita el acceso real de las mujeres a este derecho. En la práctica, muchas no reciben información clara ni acompañamiento médico adecuado, lo que las empuja a considerar opciones clandestinas con altos riesgos.
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