La protesta de la Generación Z en Lima, realizada el sábado 27 de septiembre, tuvo como saldo 18 personas heridas, incluyendo un periodista y un brigadista, según reportó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en un comunicado publicado en sus redes sociales pasadas las 11 de la noche. El organismo enfatizó que varios de los heridos, entre los que se encuentran un hombre de 65 años impactado por perdigón y una mujer afectada por agentes químicos, recibieron la atención de servicios de emergencia en el centro de la ciudad. La CNDDHH expresó su condena ante la represión ejercida por la Policía Nacional del Perú (PNP) y exigió el cese inmediato de las agresiones.
Durante la marcha, un número considerable de participantes intentó avanzar hacia el Congreso de la República, punto en el que se desencadenaron los principales incidentes a raíz del uso de bombas lacrimógenas, vallas metálicas y perdigones por parte de las fuerzas del orden. La respuesta policial derivó en lesiones que, según registros previos de la jornada, incluyeron a trabajadores de prensa y personal voluntario de salud afectados en cumplimiento de sus funciones. Por su parte, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (ANITRA), Julio Campos, indicó que al menos siete jóvenes fueron detenidos por la PNP.
Exigen garantías para futuras movilizaciones
El pedido de la CNDDHH se dirigió a la Fiscalía de Derechos Humanos, a la que solicitó tomar medidas efectivas de protección para la ciudadanía ante la próxima movilización prevista para el domingo 28 de septiembre en Lima. De acuerdo con la entidad, resulta indispensable establecer garantías institucionales para asegurar la integridad de los manifestantes y garantizar el ejercicio del derecho a la protesta.
En el comunicado, la Coordinadora resaltó: “Protestar es un derecho, no un delito”. La convocatoria a nuevas marchas pone en evidencia la persistente preocupación de los colectivos sociales frente a la actuación policial y a la permanencia de un contexto de tensión durante las manifestaciones.
Reclamos políticos y demandas sectoriales confluyen en la protesta
El 27 de septiembre, estudiantes, trabajadores, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de transportistas confluyeron en el centro histórico de Lima. Las demandas expresadas durante la manifestación estuvieron vinculadas tanto al reclamo por mayores garantías frente a la inseguridad ciudadana y la ola de extorsiones en el sector transporte, como a la exigencia de transparencia, reformas políticas y oposición a la actual gestión de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso.
Desde la Plaza San Martín, los asistentes marcharon con pancartas y cánticos hasta las inmediaciones del Palacio Legislativo. La respuesta de la PNP incluyó el uso de barreras metálicas y dispositivos químicos que afectaron tanto a manifestantes como a transeúntes en avenidas como Abancay.
Periodistas y brigadistas, entre los afectados
Jornadas anteriores ya habían dejado registro de agresiones a profesionales de la prensa durante la cobertura de las movilizaciones. Entre los heridos de la marcha de la Generación Z figura un periodista, hecho que refuerza las denuncias de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que durante las protestas recientes contabilizó 18 casos de violencia contra trabajadores de medios, atribuyendo la mayoría a agentes policiales. La Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) también manifestó preocupación por los ataques contra periodistas y daños a equipos audiovisuales.
Por parte de la Policía Nacional del Perú, se informó que al menos 12 agentes resultaron heridos en el mismo contexto, lo que refleja el alto nivel de confrontación alcanzado en el enfrentamiento entre las partes. Un agente habría resultado herido tras ser alcanzado por una bomba molotov.
Escalada de tensión y alerta para las autoridades
Los sucesos reportados en el centro de Lima evidencian la creciente tensión entre las fuerzas del orden y quienes ejercen el derecho a la protesta. El llamado de la CNDDHH subraya la urgencia de revisar los protocolos de actuación policial y de establecer canales de diálogo que eviten nuevas jornadas con víctimas y lesionados. Ante la convocatoria a una nueva movilización, la atención pública queda puesta sobre las medidas que adoptarán las autoridades para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales de la población.
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